La mayoría morenista de la actual LXV Legislatura, que ya ha sido exhibida en una veintena de ocasiones por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevamente estará bajo prueba luego de que diputados de la Oposición reunieron 17 firmas para promover una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal del Estado que modifica el delito de Ultrajes a la Autoridad.
Dicha modificación ha permitido al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado la detención de líderes de la oposición y de agrupaciones con reclamos al Gobierno para vincularlos a proceso.
Cabe recordar que dicho recurso legal se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusando la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, pero se requieren al menos el 33% de los 50 diputados que integran Congreso local para promoverla.
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El trámite lo realizarán miembros del equipo jurídico del PAN, PRI y PRD, así como de MC, los cuales tienen representación en la actual LXV Legislatura, según confirmó la diputada, Ericka Ayala Ríos.
Apenas el 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad, cambio que ha generado polémica debido a la detención de miembros de la oposición y líderes sociales bajo este delito.
Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, con la reforma, ahora se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal, según los legisladores inconformes.
La propia Ayala Ríos aseveró en entrevista reciente que existen lagunas que deben modificarse, por ello anunció que también presentarán una iniciativa para volver a reformar el Código.
Es de mencionar que la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en su artículo 85 dice que el plazo para ejercitar la acción de Inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o Decreto impugnado, sean publicados en la Gaceta Oficial del Estado. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El plazo estaba por concluir, pero al menos 18 legisladores apoyaron la controversia constitucional, con la rúbrica de la bancada del Partido Acción Nacional con 13 congresistas; del PRI-PVEM, Erika Ayala, Jorge Moreno y Rodrigo García Escalante; y Movimiento Ciudadano Ivonne Trujillo.
El documento tendrá que ser presentado ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revocar el cambio.
Hay que recordar que por el delito de ultrajes a la autoridad fue detenido el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, así como el líder de los centros de verificación vehicular Eduardo Mario “N” y 7 jóvenes de Orizaba señalados de agredir a policías estatales.
