Un nuevo revés registró la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández, luego de que el exsubsecretario de Finanzas y Administración, Bernardo “N”, consiguiera el cambio de sus medidas cautelares y en consecuencia podría continuar su proceso en libertad.

Un juez federal ordenó al juez de control de su caso dejar insubsistente la audiencia de medida cautelar del 11 de octubre de 2019, así como la resolución que emitió en dicha diligencia, mediante la cual se impuso al imputado la prisión preventiva.

El exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares consiguió la protección de la justicia federal contra la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la causa penal 318/2019 que se sigue en su contra, así como en contra de la extitular de Finanzas, Clementina “N”; el extesorero de la dependencia Adrián “N” y el exsubdirector de operación financiera, Luis Francisco “N”.

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En octubre de 2019 un juez de control vinculó a Bernardo “N” a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un año, tras ser imputado por la Fiscalía General del Estado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.

Sin embargo, tras conseguir un amparo ahora el juez local debe citar el imputado y a la Fiscalía a una nueva audiencia de medida cautelar, en la que subsane los vicios de motivación, aunque las partes ya no podrán expresar nuevos argumentos y la autoridad deberá resolver lo conducente sobre la base de los que ya fueron expuestos en la audiencia inicial.

“En el entendido que la resolución que emita podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero en caso de reiterar su decisión, deberá dar mayores causas, razones y motivos que justifiquen y sean suficientes para imponer la temporalidad que estime necesaria de la medida cautelar de la prisión preventiva de carácter excepcional”.

Cabe señalar que el juez federal consideró que la prisión preventiva no se encuentra debidamente motivada, abriendo la posibilidad de que Bernardo “N” continúe su proceso en libertad.

Los términos de su fallo se habían detenido por la pandemia de COVID-19, sin embargo, acaban de reanudarse, de ahí que debe causar ejecutoria la sentencia o bien la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada.

En su momento se informó que el proceso derivó de una denuncia interpuesta por el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien señaló que los exfuncionarios depositaron en una cuenta a favor del gobierno del Estado un cheque de 250 millones de pesos entregado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

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