La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), cargo de José Luis Lima Franco, debe de hacer las acciones correspondientes apremiantes para recuperar 3 mil 153 millones 968 mil 117 pesos malversados en el gobierno de Javier Duarte.

Durante las rondas de preguntas y respuestas de su comparecencia, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, se refirió a los montos que por concepto de indemnización y sanción fueron determinados de los ejercicios fiscales de 2012 al 2016.

Explicó que la información correspondiente se remitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para el trámite de cobro.

“Estas indemnizaciones y sanciones comprenden las cantidades, los importes que desde 2012 se impusieron y fueron determinadas y que del Órgano tiene un total de, por concepto de indemnizaciones, 2 mil 24 millones 437 mil 784.21 pesos.

“El ORFIS ha remitido a la Secretaría de Finanzas para hacer efectivos estos recursos, en el caso de las sanciones, por mil 129 millones 530 mil 333. Esto hace una suma de 3 mil 153 millones 968 mil 117 pesos; estos montos incluyen sanciones impuestas a servidores públicos con motivo de los procedimientos que derivaron de la fiscalización realizada a las cuentas públicas de esos períodos y que ya causaron ejecutoria”.

Detalló que actualmente han dado el seguimiento y solicitan que la SEFIPLAN instruya los procedimientos para recuperar esas cantidades.

“Quisiera mencionar también que respecto de los ejercicios 2017 y 2018, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será quien determine las indemnizaciones y sanciones, esto con motivo de las disposiciones que la Ley establece en estos momentos.

“Es la Secretaría de Finanzas y Planeación quien tiene a su cargo, en esta tarea de hacer el cobro coactivo de las cantidades que ya fueron motivo de indemnización y sanción y que quedaron firmes”, explicó.

En otro tema dijo que por los ejercicios 2018 y 2019, correspondientes al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez, así como a las actuales administraciones municipales, el Órgano no ha presentado denuncias en contra de ningún funcionario.

Así lo confirmó la auditora general, Delia González Cobos, durante su comparecencia en el Congreso del Estado.

“Respecto de las denuncias de servidores públicos del ORFIS quiero mencionar que, durante los ejercicios de 2018 y 2019, el Órgano Interno de Control del Órgano de Fiscalización Superior no tiene registro de que se hayan recibido denuncias en contra de servidores públicos”, añadió.

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