Organizaciones en México y de otros países pidieron a la Iglesia Católica, así como otras religiones, respetar el Estado laico en la discusión que existe en el Congreso local sobre la iniciativa que permite la Interrupción Legal del Embarazo en Veracruz.

Al llamado se sumó la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir junto con decenas de asociaciones que señalaron que Veracruz sería la cuarta entidad del país que permita la ILE con una iniciativa “moderada”.

Agregaron que la propuesta presentada por la diputada de MORENA, Mónica Robles Barajas, también resulta “justa, vigente y moderna”.

Argumentaron que resulta moderada al poner como límite a este derecho las 12 semanas de gestación; justa porque permite que todas las mujeres, independientemente de su condición económica y lugar geográfico, tengan acceso a servicios de interrumpir un embarazo.

Igualmente la calificaron de vigente y moderna al reconocer los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente.

Al citar cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), las organizaciones y activistas dieron constancia de la violencia sexual que padecen miles de mujeres veracruzanas, señalando que durante el año 2020 en Veracruz se denunciaron 22 abortos y se cometieron 2 mil 734 delitos sexuales, de los cuales 408 fueron violaciones sexuales.

“En el periodo de enero a mayo del 2021 se denunciaron 1,393 delitos sexuales, de los cuales 226 son violaciones sexuales”.

Respecto a la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, decretada por la CONAVIM en diciembre de 2017, afirmaron que visibilizó la gravedad de las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violencia sexual, obligándolas a tener embarazos forzados poniendo en riesgo su vida e integridad, cuando es deber del estado garantizar y respetar su decisión.

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“Con la iniciativa, Veracruz atendería también la recomendación emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) el cual recomendó a México “eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias”.

Cabe recordar que la iniciativa busca reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y derogar el artículo 152 del Código Penal.

En otro comunicado, la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir junto con decenas de organizaciones nacionales e internacionales, además de dar su respaldo a la propuesta defendieron la laicidad del Estado para que la Iglesia Católica no intervenga en asuntos que competen a instituciones, respetando con ello la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Igualmente, hicieron un llamado a la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias conservadoras a no oponerse al avance de los derechos humanos, afirmando que la iniciativa no obliga a ninguna mujer a interrumpir un embarazo.

“Por lo que es necesario conducirse bajo una ética pública laica que garantice la separación entre el Estado y las iglesias, que permita el cumplimiento de las normas, vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley y asegure la imparcialidad de la función pública”.

De esta manera pidieron a la Jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias conservadoras a no intervenir a no oponerse al avance de los derechos humanos, sobre todo a los derechos de las mujeres y niñas.

Recordaron que la despenalización no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, sino que facilita la posibilidad de elegir a quienes por diversas circunstancias toman esta decisión, para que lo hagan en mejores condiciones y conforme a los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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