La pandemia está afectando procesos polémicos como el caso del asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid en Emiliano Zapata, María Guadalupe Martínez Aguilar, que fue perpetrado en junio de 2020.
Familiares de July “N”, con prisión preventiva por el crimen, explicaron que debido a la muerte de la Fiscal Miriam “N” por COVID-19 no fue posible realizar la audiencia intermedia programada para este jueves.
El proceso se aplazó para el mes de septiembre, sin embargo, los familiares, la defensa de la detenida y una asociación civil esperan que durante este periodo a July “N” se le aplique el Protocolo de Estambul, aunque el juez a cargo del caso, Marco Antonio Rodríguez Lobato, no lo ha permitido y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha sido omisa.
La familia y la detenida cuentan con el respaldo de la Asociación “Civil Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”, quienes consideran que la detenida fue víctima de tortura y abusos por parte de elementos de la Fiscalía General de Veracruz.
La abogada de dicha asociación, Alejandra Herrera, dijo que este caso genera “mucha preocupación”, puesto que existen evidencias de que July “N” habría sido sometida a tortura sexual luego de su detención.
“Hemos acompañado muchos casos de mujeres que han sido víctimas de tortura sexual como July y nos preocupa porque vemos cómo se repite el patrón de este tipo de tortura que suele suceder en su gran mayoría en contra de mujeres y vemos que dentro en un marco de un país donde la tortura es generalizada sigue sucediendo”, declaró la abogada.
Ayer jueves familiares se manifestaron afuera de los juzgados, acusando que además July “N” fue detenida sin pruebas y está vinculada injustamente en el homicidio.
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Respecto al actuar de los elementos se señala que, durante horas, violaron sexualmente, dieron toques eléctricos en los genitales, aplicaron métodos de ahogamiento, entre otros, a la mujer detenida en la Ciudad de México, con el objetivo de que confesara su participación en el asesinato de la rectora.
En noviembre del año pasado la Fiscalía General anunció que detuvo a Jully Raquel “N” y Fernando Enrique “N” en la Ciudad de México por el homicidio de la rectora.
Tras los señalamientos de los familiares, la titular del organismo, Verónica Hernández, declaró que el proceso está apegado a Derecho, aunque refirió que se haría una investigación por la vía administrativa y de ser el caso, se procederá; hasta el momento no ha informado nada sobre este tema.
Ahora los familiares demandan que a July “N” se le aplique El Protocolo de Estambul, insistiendo en que la mujer fue víctima de tortura y otros tratos crueles, además de que no hay pruebas para implicarla en el crimen.
Martín Flores López, padre de July “N”, aseguró que su hija fue ligada al homicidio porque rentaba un auto que daba el servicio de UBER y que presuntamente fue utilizado en el crimen, sin embargo al inicio de la pandemia él mismo le pidió a su hija ayudarlo en su negocio de jardinería y dejar de manejar la unidad.
“Cuando pasaron los hechos mi hija no tenía en su poder el carro; pasaron los hechos y vincularon a mi hija porque el carro sí viajó para acá”, no obstante, sostiene que el día del asesinato él y July “N” trabajaron en un jardín de niños.
Por su parte, Etelvina Garfias, madre de la detenida, refirió que su hija está acusada injustamente por homicidio doloso calificado, no obstante, señaló que el juez que lleva el caso está actuando en favor de la Fiscalía y esto es permitido por el Poder Judicial, pese a las quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura por la defensa.
