El pleno del Congreso Local reformó la fracción primera del artículo 18 de la Ley estatal de Transparencia y Acceso a la Información, obligando al Poder Judicial de Veracruz a publicar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por sus órganos jurisdiccionales y mantener actualizada dicha información.
El PJE tendrá un plazo de 180 días para iniciar la publicación del texto íntegro de sus resoluciones, contados a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de agosto de 2020.
Adicionalmente tendrá que realizar las adecuaciones normativas y tecnológicas necesarias para cumplir con lo previsto en el decreto, pues en abril de 2021, los documentos públicos deben estar al alcance de los ciudadanos.
La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, autora del dictamen sometido a votación la tarde de este jueves, señala que las sentencias, como actos definitivos de las controversias de las personas, son instrumentos de gobernabilidad, pues en sus resolutivos también se define la interacción social civilizada y la aspiración de justicia de la ciudadanía.
Por ello agrega que es necesario que en el Estado de Veracruz, también se trasparenten estos instrumentos y se sometan al análisis, escrutinio, opinión, evaluación y mejoramiento en pro de la función judicial en sí.
Si bien el Poder Judicial ya viene implementado diversas acciones para poner a disposición de la ciudadanía, las versiones públicas de las sentencias de algunos órganos jurisdiccionales que lo integran, a través de su portal oficial web, añade que ahora contará con un marco legal que le permita cumplir este cometido.
“Ese ejercicio no se limita solo a las sentencias de ‘interés público’, sino que lo hace extensivo a todas las sentencias que han causado estado, lo que es acorde al principio de máxima publicidad, por lo que esta reforma, le permitirá a dicho Poder contar con el sustento jurídico para fortalecer sus acciones emprendidas”.
