Tal y como está planteada a la fecha, la reestructuración de la deuda pública a largo plazo que dejó la administración de Miguel Ángel Yunes Linares implica pagos por un total de 82 mil 662 millones de pesos.
Esto según el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en su Informe Complementario al Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera.
“Con la proyección de pago efectuada con los nuevos créditos contratados en el ejercicio 2017 para llevar a cabo el refinanciamiento, se considera una erogación de 82,662 millones de pesos hasta el término de su vigencia, que representaría en su caso, pagar 2.21 veces la deuda contratada”.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, es cierto que el refinanciamiento de Yunes Linares permitió dar solvencia a las finanzas del Gobierno Estatal.
Sin embargo, solo con la implementación de la restructuración la deuda pública a largo plazo el monto inicial generó un crecimiento de 359 millones de pesos, equivalente al 0.76 por ciento, lo que contradice la versión pública de Yunes Linares sobre no haber incrementado la deuda en su bienio.
El ORFIS identificó que los gastos y costos del proceso de reestructuración durante los ejercicios 2017 y 2018, fueron por un monto de 552 millones 047 mil 023.34 pesos.
Dicho monto está integrado por 274 millones 831 mil 913.07 de costos de rompimiento y 277 millones 215 mil 110.27 de gastos y costos relacionados al refinanciamiento cubiertos con recursos de los créditos contratados para el refinanciamiento; otros con los recursos de los fondos de reserva reintegrados y con recursos propios del Ente Fiscalizable.
En diciembre 2016 la deuda a Largo Plazo era por 47 mil 483 millones de pesos y para diciembre de 2017 pasó a 47 mil 842 millones de pesos, de los cuales se refinanciaron 37 mil 999 millones 634 mil 086 pesos.
Los incrementos se originaron por la contratación de los financiamientos destinados a la liquidación de créditos de ejercicios anteriores al 2017; pago de gastos y costos asociados a la contratación de los mismos, y conformación de nuevos fondos de reserva.
De acuerdo con el ORFIS la contratación de los créditos en el ejercicio 2017, provocó un aumento de aproximadamente 22.21 meses de plazo, al pasar de un ponderado de 250.52 meses de los créditos vigentes a diciembre 2016; a un ponderado de 272.73 meses de los nuevos financiamientos vigentes a diciembre 2017.
Además, la liquidación de algunos financiamientos incluyó, en su caso, cláusulas que establecían costos de rompimiento; es decir, comisiones por prepago o costos por la cancelación de garantías y coberturas de riesgo, mismas que al ser canceladas ocasionaron costos para el Estado por 274 millones de pesos.
El ORFIS alertó que los créditos contratados en el ejercicio 2017 para el refinanciamiento de créditos financieros obtenidos con anterioridad, fueron destinados además, para el pago de costos y gastos asociados a la contratación de los mismos.
Aparte, la conformación de nuevos fondos de reserva provocó que algunos conceptos sobrepasaran el porcentaje permitido por la pasada LXIV Legislatura del 2.5 por ciento del monto contratado de cada financiamiento, por un importe de gastos y costos asociados a la contratación de los créditos celebrados, incluyendo los instrumentos derivados o de cobertura, fondos de reserva y las garantías de pago.
En su caso, por el refinanciamiento llevado a cabo durante los ejercicios 2017 y 2018, los cuales en su conjunto, rebasan los porcentajes permitidos y establecidos en el Decreto Número 258, publicado el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 114, emitido por el Congreso del Estado, como se presenta más adelante.
