El Congreso de Veracruz fue reprobado con 30 puntos de 100 posibles en la medición que realiza el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).

De esta manera, la Legislatura es de las peores evaluadas a nivel nacional, concretamente con 29.8 puntos de 100 posibles. De las 32 del país, la veracruzana con mayoría morenista ocupa el lugar 21 en el país.

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Entre los aspectos evaluados, en integración y estructura el Congreso de Veracruz obtuvo el 66.7 por ciento de los puntos; en desempeño Legislativo apenas el 35.0 por ciento, documentación legislativa 26.8 por ciento y Gastos el 36.1 por ciento.

Finalmente, en administración 13 por ciento; control interno 0 por ciento; vinculación ciudadana 17.4% y Acceso a información pública 43.8%.

CIMTRA ha ayudado a reforzar las acciones del Programa Gobierno Abierto en Veracruz mediante convenios de colaboración.

El análisis se destaca que la LXV Legislatura tiene un presupuesto de 776 millones 116 mil 100 pesos, sólo detrás de los Congresos de la Ciudad de México y el Estado de México en cuando a los montos más elevados.

Dichas Legislaturas presentan bajos niveles de transparencia, según el estudio del Colectivo, que detalla que el promedio nacional es de 40.9, una calificación reprobatoria.

En total 14 Congresos se encuentran por encima de la media nacional y 18 congresos por debajo de la media, entre estos el de Veracruz.

Solamente 6 congresos presentan calificación aprobatoria, siendo Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Campeche y Chihuahua.

La medición destaca que las Legislaturas con menores calificaciones en el país tienen mayoría de MORENA. De hecho, de las 20 legislaturas donde MORENA es mayoría, solamente 2 tienen calificación aprobatoria, siendo Puebla y Quintana Roo.

Se destaca que, en la evaluación previa, el Congreso local veracruzano recibió una calificación menor de 28.4, por lo que tuvo una leve mejora.

El estudio arrojó que el Congreso no presenta información sobre la declaración patrimonial, de intereses y fiscal de cada diputación; no tiene o no pública una agenda legislativa, tampoco publica una sanción por incumplir la agenda legislativa marcada.

Además, se evidencia la falta de profesionalización sobre la publicación de información fundamental como estadística y numeraria.

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