La exintegrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEAV), Anaís Palacios Pérez, recomendó al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, no ser represor.

La activista concluyó su período de 2 años y lanzó una serie de recomendaciones ante los fallos de las autoridades en materia de búsqueda de desaparecidos.

Palacios Pérez propuso que el secretario participe de manera más activa y se involucre en las tareas de búsqueda, absteniéndose de juicios de valor o criminalizar y replicar información tendiente a la descalificación de las víctimas y de las personas que ejercen el Derecho de Libre Expresión.

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“Sin tomar represalias ni instruir actos tendientes a coartar la libre expresión, aun cuando ésta sea contraria a su forma de pensar o a sus convicciones ideológicas, políticas o institucionales”.

Y es que en un mensaje que presentó a sus excompañeros dejó en claro que la Búsqueda de desaparecidos en Veracruz sigue generando dudas en cuanto al presupuesto y uso de los recursos públicos que destina el Gobierno estatal, resaltando que a la fecha es notorio el poco involucramiento de autoridades estatales, pese a que prometieron resultados.

Añadió que hay poca transparencia en el gasto de recursos destinados a búsqueda y refirió que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ha brillado por su ausencia en las sesiones del mecanismo estatal de Coordinación.

Según la activista el funcionario se ha caracterizado por impulsar o no las tareas de la CEAV respaldando comunicados de la Fiscalía. Además, le pidió no tomar represalias a quienes ejercen su libertad de expresión y con quienes no coinciden.

Añadió que el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, sí ha participado en las reuniones, pero sólo atendió a consejeros que pertenecen al rubro de familiares y no convocó ni escuchó al resto de los integrantes del Consejo al que la propia Palacios Pérez perteneció.

Además, criticó la centralización de los servicios de la Fiscalía General del Estado, lo que limita las posibilidades de las delegaciones y subdelegaciones de Servicios Periciales, entre otras irregularidades como posibles actos de nepotismo o contratación “de amigos” en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, a cargo de Brenda Cerón Chagoya, así como el rezago en cifras oficiales de desaparecidos.

“Muy pocas personas han podido recuperar a sus familiares y, lamentablemente, un número mucho menor han podido obtener verdad y justicia”, expuso Palacios Pérez en su informe.

Agregó que los instrumentos de seguimiento y evaluación se han centrado en casos principalmente de hallazgos y escenarios forenses, dejando de lado los casos que ameritan investigación, análisis de contexto, el trazado de planes y rutas de búsqueda en vida, la identificación de restos, la colaboración en la alimentación de registros nacionales, planes estatales, entre otras tareas que conduzcan a la localización de personas desaparecidas, lo que a su parecer se debe mejorar, planteando además continuar el desarrollo y monitoreo de la aplicación “Buscando Ver”, entre otras medidas.

Igualmente ofreció un análisis de las irregularidades detectadas en cada instancia del Gobierno que participa en la búsqueda de desaparecidos en Veracruz. En cuanto a la Comisión de Búsqueda afirmó que pareciera que “ahí la lleva”, con más personal y trabajo empático, aunque se deben aclarar algunas críticas.

“Se han externado señalamientos sobre contrataciones de amistades o de personas que no cubren el perfil profesional adecuado, lo cual no ha sido aclarado en su momento por las autoridades (…).

“Se acusa actuar indebido y prepotente de algunas personas del funcionariado vinculado o responsable de atender esta problemática, demandas que, igualmente, han quedado en el silencio o sin consecuencia alguna, por parte de sus superiores”.

Rotación en Fiscalía

En cuanto a la Fiscalía General, Palacios Pérez sostuvo que ha habido 4 fiscales especializados en atención de denuncias por personas desaparecidas, lo que ha impactado en los casos, a veces de forma positiva y a veces de forma negativa.

“En algunos casos los colectivos y las familias, las víctimas mencionan un rezago en los casos de las regiones y de poca ética y capacidad para investigar diligentemente y con inmediatez.

“Familiares han reportado que las y los fiscales conocen poco de la materia y ocasionalmente manifiestan que parece que estas personas reciben órdenes de no avanzar”.

Resaltó como una gran faltante la actualización de la cifra de personas desaparecidas, contrastada entre los registros oficiales, que son públicos y la creciente incidencia del delito de desaparición de personas “que es reportada por medios de comunicación y familiares; las personas que han sido localizadas, tanto con vida, sin vida y aquellas que han sido identificadas en registros forenses.

Dijo que en las reuniones participó la titular la Fiscalía de investigaciones Ministeriales, Maricela Aguilera, pero en la mayoría de los espacios de interlocución no acudió el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

En ese sentido, dijo que hay poca transparencia en cuanto a los recursos específicos destinados para la materia, como compra de insumos, documentos de proyectos para construcción, ampliación y remodelación de espacios de laboratorio, osteoteca y edificios de SEMEFO

“Resaltan dudas no resueltas, como el número de muestras genéticas sin procesar, las condiciones de la bodega de indicios, el número preciso de los restos no identificados, así como el tiempo preciso o por lo menos estimado, que se tomará en obtener los perfiles genéticos de los cuerpos y restos humanos, en los casos que aplique, también, es preciso que se informe cuántas personas han sido identificadas en la comparativa con el número de cadáveres que tienen”, agregó.

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