(SPI).- La síndica del ayuntamiento de Veracruz, Alma Aída Lamadrid Rodríguez, aseguró que los integrantes de la administración municipal pasada tienen hasta finales de febrero para solventar las observaciones que se detectaron en la documentación que se entregó en el proceso de entrega-recepción.

Detalló que el exalcalde, el exsíndico, el extesorero, el exsecretario del ayuntamiento, el excontralor, el exdirector jurídico y exdirectores municipales fueron notificados de que deberían solventar las observaciones, para lo cual se les dio un plazo de 15 días hábiles.

“Se notificó si mal no recuerdo a principios del mes de febrero sobre algunas inconsistencias que se habían encontrado en las actas de entrega-recepción y hasta donde tengo entendido a finales del mes de febrero, que se cumplen los 15 días hábiles que tiene la administración saliente para hacer las aclaraciones y aclarar los temas, será cuando tengamos un resultado un poquito más claro de lo que realmente pudimos encontrar en la entrega-recepción”, expresó.

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Recordó que se notificó a los exintegrantes del Comité de Entrega acerca de la falta de firmas o de un bien inmueble.

Aseguró que hubo observaciones en la mayoría de las áreas municipales y que será el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) o el Congreso del Estado el que determine si hubo un daño a la hacienda municipal.

“Fueron 49, 50 observaciones, inconsistencias, y de esas ya una vez que la administración anterior traiga la documentación correspondiente, realice los trámites que tenga que hacer y juzgue conveniente, se determinará y no por nosotros sino por el Orfis o el Congreso del Estado el monto que pudiera señalarse”, agregó.

Dijo desconocer si las exautoridades y los exfuncionarios que fueron notificados ya acudieron a aclarar las observaciones ante la Contraloría Municipal.

Por último, precisó que el monto de la deuda que heredó la administración municipal que encabezó Ramón Poo Gil no se incrementó durante la revisión que se realizó durante el mes de enero pero destacó que ya se pagaron 90 millones de los 240 millones de pesos que no cubrió el gobierno municipal saliente a proveedores.

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