(SPI).- Ante la advertencia que hicieran las mineras Candelaria Mining y Gold Corp de reanudar trabajos de exploración pasando las elecciones, pobladores y organizaciones ambientalistas se manifestarán en la ciudad de Actopan en protesta de la actividad minera.

Lo anterior lo dio a conocer el integrante de Pobladores A.C., Guillermo Rodríguez Curiel quien dijo que ese 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez entregará un acta de Cabildo donde declara al municipio libre de minería metálica y tóxica.

“Vamos a seguir firmes en contra de las empresas mineras Candelaria Mining y Gold Corp para que desistan de sus intenciones de explorar y explotar la zona, vamos a seguir firmes por más de 50 años”, afirmó.

Recordó que las citadas mineras se ubican en los municipios de Alto Lucero y Actopan, y tienen los enclaves mineros de Caballo Blanco, La Paila, El Cobre, Banderas Norte y Sur, entre otros, que abarcan un total de 80 mil hectáreas.

Refirió también que una de la zonas que pretenden explotar se ubica justo frente a la Planta Nuclear de Laguna Verde, a tres kilómetros de distancia.

Rodríguez Curiel se congratuló de que se hayan sumado la ley católica al movimiento que desde hace años llevan al frente pobladores y organizaciones civiles como Lavida, Pronatura, Pobladores A.C., entre muchas otras,

“Las manifestaciones continúan y ahora con más fuerza, ya que el arzobispo de Xalapa, Hipólito Larios convocó a sus feligreses a defender esas zonas biodiversas, advirtiendo de la gran destrucción ambiental y deterioro a la salud pública que provocarían dichas mineras”, comentó.

En 2016 las empresas ingresaron a la Semarnat su Manifiesto de Impacto Ambiente (MIA) y en 2017 de nueva cuenta, aunque la retiró en octubre.

En ambas ocasiones gracias a la presión de la población y a la opinión de científicos reconocidos del Politécnico, de la UNAM, de la Conabio que demostraron que allí no es posible la actividad minera.

El activista ambiental recordó la existencia de una ley minera que fue aprobada en 1992 en el mandato de Raúl Salinas de Gortari, la cual en su artículo 6 dice que la actividad minera es una actividad de interés público y prioritaria sobre cualquier actividad (sea agrícola, pesquera, habitacional, forestal, etcétera) en la zona.

“La ley también otorga a las empresas mineras concesiones por 50 años y para renovar otros 50; es una ley que despoja a los mexicanos y a la naturaleza de sus minerales en el subsuelo”, concluyó Guillermo Rodríguez.

Publicidad