Con base a lo que hoy publica el diario Reforma, el Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla y Querétaro encabezan el Índice de Impunidad en México 2022 elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), la Universidad de las Américas Puebla y un Consejo Académico Internacional.
A estas entidades mexicanas les siguen Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán.
El indicador evalúa niveles de impunidad en seguridad pública, procuración de justicia y respeto a derechos humanos. Este contempla desde homicidios sin castigo, cifra negra, tasa de violencia, deterioro de la infraestructura y capacidad de ministerios públicos, así como déficit de policías estatales profesionales.
“La impunidad es una forma de injusticia que es creada y reproducida políticamente, y la falta de capacidades institucionales, en un contexto marcado por una profunda crisis de inseguridad y violencia, es resultado de factores como la corrupción, la negligencia o la decisión deliberada de no incluir como una prioridad de la agenda pública y no asignar los recursos presupuestales suficientes para el desarrollo de capacidades para la justicia, la seguridad y la protección de los derechos humanos”, destaca el informe.
El informe resalta que los estados prácticamente no tienen sistema de justicia.
“México, como país, tiene cuatro veces menos jueces (4.36 por cada 100 mil habitantes) que el promedio a nivel mundial (17.83)”, advierte.
Y enfatiza que el homicidio sigue sin castigarse.
“Los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal aún prevalecen: las entidades no tienen instituciones especializadas de investigación expertas, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”, expone.
“El sistema de seguridad y de justicia en México hacen uso ineficiente de los recursos para gestionar los delitos, un factor que contribuye a la impunidad en México”, incluye el reporte.
Si bien, México no ocupa los primeros lugares en la lista de países con mayor impunidad, el País presenta un promedio nacional alto, de 60.08 puntos, de acuerdo con el Índice.
El estudio coordinado por Juan Antonio Le Clercq Ortega, Azucena Cháidez Montenegro y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara señala que, si bien bajó 9 puntos en los últimos cuatro años, ocurrió en rubros que se consideran marginales, predominando una difícil situación en la mayoría de los estados.
“Tomando en cuenta a las 32 entidades federativas, el promedio nacional del Índice Global de Impunidad disminuyó a 60.08 puntos, en comparación con la última medición de 2018, que fue de 69.84, teniendo una reducción de poco más de 9 puntos (debe de considerarse el cambio en la metodología para la realización del índice)”, señala el documento.
La mayoría de estos estados con impunidad al alza, aumentó más de 10 lugares en promedio, comparado con la medición anterior: Chiapas pasó del lugar 9 al 24; Jalisco del 13 al 27; Sinaloa del 12 al 26; Morelos del 7 al 20; San Luis Potosí del 6 al 18; Michoacán del 10 al 23 y Querétaro del 17 al 28.
Entre los estados que redujeron su índice de impunidad están Baja California Sur, del lugar 20 al 1; Coahuila del 29 al 8; Tamaulipas del lugar 31 al 12; Quintana Roo del 28 al 15 y Tlaxcala del 22 al 10.
El Índice incluye las “cifras negras”, que se refieren a los delitos no denunciados, y que inciden en el grado de impunidad de una entidad.
En este apartado, Guerrero (96.10), Oaxaca (95.20) y Michoacán (95) tienen los puntajes más altos, en tanto que Colima (84.50), Chihuahua (87.70) y Baja California Sur (89.30) los más bajos.
Sistema de justicia
“El País se encuentra en esta situación porque las entidades federativas carecen de las capacidades institucionales que permiten establecer políticas de seguridad y el acceso a la justicia”, se apunta.
Policías estatales
México tiene un déficit de policías estatales profesionales, de policías operativos estatales, de alrededor de 42 por ciento, señala el IGI.
“Esto quiere decir que México tiene poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, según lo que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que denomina el estándar nacional mínimo, que debería ser de 1.8 policías evaluados por cada mil habitantes”, apunta.
Este déficit, sin embargo, se incrementa, si se realiza el cálculo sin tomar en cuenta a los elementos que no aprobaron el control de confianza, al pasar a 0.9 policías por cada mil habitantes.
Los diez estados que presentan un menor número de elementos destinados a funciones de seguridad pública por cada 100 mil habitantes son Veracruz (39.07), Estado de México (40.26), Yucatán (47.87), Puebla (48.53), Jalisco (52.68), Michoacán (59.93), Nuevo León (61.20), Querétaro (61.77), Durango (63.90) y Sinaloa (65.08).
En el documento se analizan también otras variables, entre las que se destaca el deterioro de la infraestructura de la capacidad humana de los ministerios públicos estatales.
Asimismo, menciona que el homicidio sigue sin castigarse y que en algunos temas se han visto avances, pero son “marginales”.
En el IGI se define la impunidad como “inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
Con información de Reforma y Centro de Estudios sobre Impunidad y Justici
