El aspirante a la alcaldía de Veracruz puerto por la alianza PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General veracruzana lo espían y buscan quitarle la candidatura “a como dé lugar” mediante acciones de espionaje.
Incluso afirmó que la Fiscalía es el brazo ejecutor del actual Gobierno, prácticamente el mismo discurso que había en contra de su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del exfiscal prófugo de la justicia, Jorge Winckler Ortiz
Ahora Yunes Márquez aseveró que el Gobierno está atacando directamente la democracia y en su caso quieren evitar que participe en la contienda.
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“Desde el momento en que yo decidí competir por la presidencia municipal de Veracruz el Gobierno del Estado ha utilizado todos los recursos a su disposición para evitar que yo participe”.
Al respecto, acusó que están usando a la Fiscalía General del Estado para tratar de echar abajo su candidatura interviniéndole el celular y requiriendo información sobre su domicilio.
“La Fiscalía se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno del Estado para perseguir opositores y meterse en el proceso electoral; la estrategia es activar denuncias y órdenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores de candidatos distintos al del Gobierno del Estado”.
Aseveró que ello ocurrió con el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal, así como de Gregorio Gómez quien aspiraba a la alcaldía de Tihuatlán, así como Nicolas Ruiz Roset, aspirante de la coalición “Va por Veracruz” del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal en Minatitlán.
“Hoy los 3 están en la cárcel sin haber sido juzgados o declarados culpables de ningún delito. Eso mismo que hicieron con ellos lo quieren hacer conmigo, sólo en las dictaduras los adversarios políticos van a la cárcel”.
Añadió que tiene evidencias de que la Fiscalía General del Estado está interviniendo comunicaciones telefónicas de los opositores, sin embargo, para poder utilizar esas evidencias necesitan la autorización de un juez.
“Tengo los documentos que comprueban que la Fiscalía del Estado solicitó en 2 ocasiones, a jueces de control, la intervención de mi teléfono celular para escuchar lo que hablo, leer lo que escribo y tener mi ubicación en todo momento”.
Concretamente acusó a la fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, de pedir la intervención de su teléfono, sin embargo, en ambas ocasiones el juez negó acceder a la línea por ser un acto que viola sus Derechos Humanos y no contar con evidencias de que haya cometido delitos.
“Y porque en materia electoral está prohibida la intervención de comunicaciones privadas (…).
“La fiscal argumentó ante el juez que necesitaba la información contenida en mi teléfono para demostrar que no cumplo con los requisitos para participar como candidato a la presidencia municipal de Veracruz y con esto imputarme diversos delitos, en pocas palabras le piden al juez intervenir mi teléfono para evitar que sea candidato y para meterme a la cárcel”.
Añadió que la Fiscalía también requirió información de su residencia a los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, a la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y al Instituto Nacional de Migración.
“La Fiscalía que debe dedicarse a perseguir delincuentes hoy está dedicada a escuchar las llamadas de los opositores e investigar en dónde viven; yo me pregunto si la Fiscalía no tiene asuntos más importantes que investigar que saber en dónde duermo, en dónde como y con quién hablo”.
Acusó que el Gobierno de Cuitláhuac García busca controlar a los opositores mediante la fuerza, advirtiendo que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) buscará anular su candidatura al inicio de la campaña.
Yunes y Winkler, los mismos señalamientos
Cabe recordar que Jorge Winckler Ortiz fue nombrado fiscal general de Veracruz el 30 de diciembre de 2016 y también fue señalado como el brazo ejecutor de Yunes Linares durante su bienio.
Desde su designación, el fiscal fue cuestionado por su amistad con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y las presiones que se ejercieron para que renunciara su antecesor, Luis Ángel Bravo.
Durante la gestión Winckler Ortiz, actualmente prófugo, la Fiscalía procedió en contra del fallecido líder del Movimiento de los 400 Pueblos, César del Ángel, así como exfuncionarios de la administración de Javier Duarte
Incluso hubo señalamientos por tortura y coacción de exfuncionarios como Juan Antonio Nemi Dib, presuntamente para que involucrada a Karime Macías en desvíos al interior del DIF estatal.
