Beatriz Leycegui Gardoqui*

Según datos del Banxico, la mayoría de las empresas considera que sigue siendo un mal momento para invertir en el país

En México, los inversionistas nacionales y extranjeros generan nueve de cada diez empleos. Una de las condiciones más importantes para que mantengan e incrementen su inversión en el país es la existencia de un marco legal favorable y estable. Por ello, es de vital relevancia que, en las elecciones de mañana, se logre una composición plural en la Cámara de Diputados, con una representación equilibrada de los distintos partidos políticos. Esto disminuirá el riesgo de la aprobación de leyes que, además de violatorias de la Constitución y los tratados internacionales, sean contrarias a la inversión.

La inversión deriva de la confianza. La confianza o la pérdida de la misma es contagiosa. Esto explica por qué diversas medidas, políticas y modificaciones al marco legal, dirigidas en ocasiones a una empresa o sector particular durante este sexenio, no solo han impactado a éstos, sino también han tenido un efecto negativo generalizado en la inversión en todos los ámbitos de la economía.

Un ejemplo de la importante caída de la IED en un sector específico es lo ocurrido en el sector energético, afectado por la reversión de las reformas estructurales. Según datos de la Secretaría de Economía, la IED anual promedio en el sector en este sexenio (2019-2020) disminuyó 42% respecto de la inversión anual promedio durante el periodo 2015-2018 (EUA $2.3 mil millones vs. EUA $5.8 mil millones).

Por otra parte, respecto de la afectación de la IED en general, México perdió por segunda ocasión en la historia su lugar en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) Kearney 2020, por no encontrarse dentro de los primeros 25 destinos prioritarios para recibir IED a nivel mundial. Asimismo, según datos del Banco de México, la mayoría de las empresas (casi 70%) considera que sigue siendo un mal momento para invertir en el país.

Otro factor nada alentador para los inversionistas es el número de controversias presentadas en fechas recientes en contra de México bajo el mecanismo especial inversionista contra el Estado bajo los diversos tratados de libre comercio y de inversión suscritos. En 2021, México es el sexto país más demandado a nivel mundial bajo este mecanismo, después de países como Venezuela, Argentina y Egipto. En este sexenio, hay 16 casos activos en contra de México, casi equivalente a los 18 casos en los que fue demandado entre 1999 y 2018. Lo anterior es más grave aún si se toma en cuenta que hay otros ocho posibles casos en puerta.

De lograrse restablecer el equilibrio y contrapesos entre el poder del presidente y el Congreso como resultado de las próximas elecciones, se generará mayor certidumbre legal para los inversionistas. Siempre será preferible un país que cuente con un sistema de división de poderes efectivo y una red de tratados de comercio e inversión cuyas obligaciones sean cabalmente observadas.

Después de las elecciones, la sociedad civil no debe bajar la presión desplegada en este proceso electoral. Debemos ejercer un marcaje personal a nuestros legisladores (y gobernantes en general), para que el marco regulatorio, además de promover la inversión, establezca los incentivos correctos para generar: mejores trabajos, un medio ambiente más sustentable, equidad de género real y mayor desarrollo donde se establezca. Lo que está en juego es nuestro trabajo, y por ende las oportunidades futuras que podremos darles a nuestros hijos.

*La autora es socia de SAI Derecho & Economía.       

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