Por Iván López Fernández

Mi generación creció con la idea de que México era el cuerno de la abundancia, la famosa “cornucopia”, que es conocida desde la mitología griega como la certeza de que la fertilidad y la demasía de recursos son por sí mismas sinónimo de prosperidad y bienestar; recuerdo que en algún libro de texto de primaria, hacían aparecer el plano de nuestro país con la forma de ese cuerno, del que salían diferentes productos valiosos, empezando por alimentos y materias primas. Pero hoy sabemos que esa imagen eran más buenos deseos que realidad.

Tardamos mucho en entender que la exportación de materias primas y productos primarios, sin valor agregado, no sólo no crea riqueza sino que tiende a reproducir los ciclos de pobreza, anquilosamiento y, con frecuencia, hasta explotación de la mano de obra. Durante los 300 años de vida colonial, y aún mucho tiempo después, a nuestro territorio le eran saqueados no sólo metales preciosos de alto valor sino precisamente los productos sin procesar.

Este hecho de ser una economía basada principalmente en el sector primario es apenas una de las causas muchas de la pobreza endémica que vive nuestro país y particularmente Veracruz; pero también dependemos de la tecnología extranjera, carecemos de capital suficiente para sustentar las inversiones productivas, nuestra orografía es muy compleja y encarece demasiado los costos de la infraestructura y dificulta muchísimo el que los servicios públicos lleguen oportunamente a todas las personas y que además sean servicios públicos de calidad. Con mucha frecuencia el empleo burocrático –a veces disfuncional, innecesario— suple la falta de empleos productivos en el sector privado.

Veracruz tiene un problema adicional, en sí mismo muy contrastante, y es esencialmente demográfico: es el estado de la República con el mayor número de ciudades medias pero, por otro lado, se estima que es la entidad con mayor número de localidades, alrededor de 26 mil, y de éstas, unas 23 mil tienen menos de cien habitantes. La dispersión es enorme; en muchos casos, la lejanía es verdaderamente dramática. También es una causa profunda de la pobreza y la enorme dificultad para gobernar, y por supuesto un ambiente propicio para la corrupción y las malas prácticas administrativas.

Todo esto ha representado históricamente un enorme reto para las distintas administraciones locales. Es un asunto importante porque hay que recordar que el Gobierno Federal cobra casi el 94% de todos los impuestos en el país y los estados y municipios dependen de las “participaciones” y los fondos federales que reciben del gobierno central para poder cumplir sus obligaciones. Y se explica de manera fácil con un ejemplo: antiguamente, el dinero para pagar los servicios educativos se calculaba por el número de escuelas. Hace unos años se cambió el sistema y desde entonces los recursos educativos empezaron a asignarse de acuerdo al número de alumnos en cada entidad.

Esta nueva fórmula de distribución fiscal fue muy beneficiosa para estados metropolitanos como Nuevo León y Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México, pero en cambio, resultó altamente discriminatorio y costoso para entidades con gran dispersión de población, como Oaxaca, Chiapas y, esencialmente Veracruz, que tenía entonces más de 23 mil escuelas en todo su territorio, muchas de ellas con pocos alumnos. Entonces la pregunta es obligada: ¿deben cerrarse las escuelas pequeñas?, ¿los niños que habitan en zonas remotas no merecen acceso a la educación? Y precisamente por estas condiciones Veracruz contaba con más de 120 mil maestros en todos los niveles educativos, sin duda la nómina educativa más grande del país. Ya de por sí el gasto educativo era deficitario, es decir, se tenían menos recursos de los necesarios para pagar la nómina de los maestros, pero yo estimo que este cambio de fórmula de subsidio causó un boquete adicional a las finanzas públicas de entre dos mil 500 y 3 mil millones de pesos anuales.

Otro ejemplo sumamente extraño e injusto: mientras que a la universidad pública de Oaxaca el Gobierno Federal le cubría el 100% de su gasto, en el caso de la Universidad Veracruzana, la Federación aportaba menos de la mitad, por lo que era el Gobierno local el que debía correr con la mayor parte del gasto universitario. Además de las complicaciones logísticas para supervisar desde los órganos de control a esta enorme red educativa (guarderías, jardines de niños, primarias, secundarias, bachilleratos, colegios de ciencias, tecnológicos, universidades regionales, centros de capacitación, institutos de investigación y postgrado) había que asumir la realidad de que los fondos asignados no alcanzaban a cubrir ni mínimamente el gasto necesario.

¿Cómo comprobar que un maestro rural de Hidalgotitlán, a cinco horas en lancha de la comunidad más cercana con acceso a carretera cumplía puntualmente sus deberes, que asistía puntualmente a clases, hacía su trabajo y, sobre todo, que no era un aviador o una persona inexistente, inventada sólo para cobrar ese salario?

Frente a este reto, con los pocos medios disponibles en la Contraloría General decidimos establecer una base de datos que resultó una herramienta muy eficaz, en ella incorporábamos las quejas que se recibían directamente de la ciudadanía, las que nos remitía la oficina de atención ciudadana del Gobernador, pero también revisábamos detalladamente las quejas y denuncias publicadas por los medios de comunicación y procedíamos a solicitar informes e investigarlas en todos los casos. Sorprendentemente, logramos tener un panorama amplio de las dependencias públicas que cumplían sus deberes pero también pudimos procesar, sancionar administrativamente y denunciar penalmente a muchos infractores. Aún con los retos presupuestales y geográficos, hicimos un trabajo productivo de control y, por lo menos hasta el momento en que renuncié, conseguimos que la Contraloría se percibiera con seriedad y respeto por parte de los servidores públicos. No es gratuito que los afectados se dedicaran a “grillarme”, a tratar de impedir el trabajo de la Contraloría e incluso a dar órdenes directas y consignas a algunos de mis subordinados para sabotear nuestro trabajo.

Con todo y eso, llegó el momento en que logramos el registro detallado de todos los concursos y licitaciones, cancelando o corrigiendo muchas de ellas por no adaptarse a la ley; logramos el control total de la recepción de insumos de proveedores y verificamos el cumplimiento de la prestación de servicios contratados por el Gobierno. Todo está documentado. Cada mes entregaba yo al Gobernador un reporte minucioso de estos registros, hasta el momento en que los afectados en sus intereses lograron imponerse y de manera abrupta recibí la instrucción de cancelar estos controles, que se hicieron de manera continuada durante más de dos años y casi hasta el momento de mi renuncia. Es un hecho que la teoría y los buenos deseos con frecuencia se enfrentan a la terca realidad.


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