Rafael Arias Hernández*

De innumerables formas, la exigencia se expresa y hace presente. 130 millones de mexicanos cuentan y, aunque no se crea, se hacen sentir, con presencia o ausencia, con participación o pasividad, con exigencia o desinterés, con ser o no ser responsables y activos, de la presencia y resultados de sus gobiernos. 

¿Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen?

Cifras sencillas, indicadores simples. Más de medio millón de fallecimientos pandémicos; casi cien mil homicidios acumulados en los últimos años; se habla de 70 millones de pobres y que los miserables aumentan; y además, inocultable impunidad y creciente corrupción.

Obligado insistir en el tema, del buen funcionamiento del sector público, porque con toda razón se asegura que, en muchos aspectos, es cosa de vida y muerte. Y sigue la danza de cifras e indicadores; la realidad no se detiene, ni se acomoda o somete al discurso o versión oficial.

Imprescindible asegurar que todos y cada uno de los ámbitos de gobierno funcionen; y que los servidores públicos, sin excepción, sirvan para bien de toda la sociedad y no solo de unos cuantos.

Funcionar bien, y atender a todos, son y deben ser, principios básicos que caractericen siempre el funcionamiento de organismos públicos y dependencias gubernamentales. 

Empezar por identificar y asegurar lo que en verdad se haga bien; así como, señalar y denunciar el error y lo mal hecho, y sus responsables. Y, al mismo tiempo, garantizar que se extiende la cobertura de atención, para llegar a más y a todos.  

Lograr más y mejores gobiernos, es sin duda una de las prioridades que debe entenderse y practicarse, en toda actividad política responsable. Actividad que, sin duda,  sigue siendo afectada y utilizada, por un sinnúmero de vividores, parásitos y delincuentes.

La  democracia de nuestro tiempo, exige teoría y práctica, basada y comprobada en hechos, en buenos resultados. 

La democracia no es, no puede ser solo derecho a votar y elegir a quien tenga la mayoría. 

Hoy, la democracia es más, y está sujeta a la participación y evaluación ciudadana y social permanente. No se entrega una concesión, ni se traspasa una representación y mucho menos un negocio. No se trata solo de votar y dejar que electos o nombrados hagan y deshagan.   Imprescindible establecer control social de los gobiernos, con participación ciudadana verdadera; y asegurar, en todo caso, su  evaluación permanente, basada en el conocimiento público, la capacidad profesional individual y de grupo, apoyadas en nuevas tecnologías, y fortalecidas por una comunicación, más amplia e intensa.

De ahí que no es nada raro, que se pueda hablar de todos los temas y áreas de actividad gubernamentales. Hay, no solo un derecho a saber y exigir la información; sino también, inevitablemente hay una obligación de informar efectiva y puntual, que se debe exigir siempre.

De entre los asuntos públicos, destacan entre otros, la siempre presente, demanda de seguridad pública real y efectiva, que garantice la vida en convivencia civilizada y pacífica; la efectiva y previsora política de finanzas públicas, basada en la obtención de suficientes recursos y su administración eficiente;  la permanente dotación de servicios de salud y medicamentos; la dotación suficiente y  continua de los diversos tipos de educación, desde la básica hasta la profesional y de especialización; el acceso a la información y la obligación de informar; y otras tantas actividades oficiales que la sociedad reclama.

LA SALUD, PRIORIDAD DE VIDA O MUERTE

Nuevas condiciones, cambios y múltiples efectos,  transformas a las instituciones gubernamentales. Entre ellas, como en las de salud, sobresale que se han tenido que reconocer limitaciones, mal funcionamiento y lucha de intereses personales, empresariales y de grupo (patentes, compras, inventarios, etc.). El resultado que sobresale, es simple e inocultable, aumentan los muertos.

Una a una, se acumulan buenas y malas experiencias al respecto, mismas que revelan logros y pendientes, aciertos y errores del sector público en este terreno.

Así, una de las muchas anormalidades padecidas, la dio a conocer recientemente, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) Juan Ferrer, quién en  su comparecencia en el Senado,  por la glosa del tercer informe de gobierno, declaró que el gobierno federal compra medicamentos, pero los roban en los estados:

 “Se han comprado el 96% de los medicamentos requeridos en el país y han entregado más del 50%… pero después se los roban y los comercializan en farmacias; llegando al estado se los roban, se los roban llegando al almacén, se los roban llegando al hospital” 

La responsabilidad institucional está claramente establecida, entre la dependencia federal (el INSABI) y las secretarías de salud de los gobiernos estatales, a su vez vinculadas con sus respectivos centros de salud y hospitales. 

Las características y distribución de 1,603 claves y los más de 40 millones de medicamentos e insumos, canalizados a todo el país,  señaló el citado funcionario, “… pueden consultarse en la página oficial del INSABI, en el apartado de órdenes de suministro, cada semana se actualiza este registro y tiene los sellos de quienes reciben en los almacenes estatales, la firma y la hora a la que reciben los medicamentos”. (LaClaveOnline.Redacción.151021).

Y a pesar de todas las adversidades, obstáculos y problemas hay que señalar otro aspecto importante que, además, es de simple reconocimiento, justicia y atención pública. 

Esto es, el necesario e inmediato reconocimiento y apoyo, a todo el personal de servicios de salud. No es posible ignorar, minimizar o menospreciar el esfuerzo que hacen en todos los frentes y en todo momento, las mujeres y hombres tanto en la atención médica, hospitalaria, de seguimiento y apoyo a pacientes y personas enfermas.

Es necesario más personal y recursos en este sector público. Y, sobre todo, de acuerdo a su tiempo y desempeño, se deben mejorar sueldos, salarios y prestaciones, de todos los que a diario atienden y enfrentan, en apoyo a los pacientes, los innumerables y complicados problemas de salud. Simplemente por razón de vida o muerte.

Doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, trabajadores en general, tienen derecho a mejores condiciones de trabajo verdaderas,  en la realidad y no solo en el discurso oficial.   

 -Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH 

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