Agustín Basilio de la Vega

Un juez federal concedió la suspensión definitiva que ordena al gobierno del  presidente López Obrador no realizar ninguna  construcción en la base aérea militar de Santa Lucía hasta que fundamente la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. También ordenó proteger las obras realizadas en Texcoco con valor de más de sesenta mil millones de pesos.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” por lo que la una de las principales tareas del gobierno es justificar social, técnica y económicamente las inversiones en infraestructura y un derecho fundamental de los ciudadanos es exigir que se usen correctamente el erario.

Millones de mexicanos no están de acuerdo con la cancelación arbitraria de las obras del Nuevo Aeropuerto en Texcoco por lo que se han interpuesto más de 80 amparos en contra de los actos de autoridad que pretenden construir una serie de obras en Santa Lucia, en el aeropuerto Benito Juárez y en el de Toluca (obras principales y accesorias). Dichos ciudadanos también  se oponen ala destrucción de las nuevas pistas, cimentación de la terminal aérea y de la torre de control del nuevo Aeropuerto en Texcoco que llevan un avance significativo.

¿Por qué eso no ocurrió cuando empezaron las obras del NAIM? Simple: porque se realizaron en tiempo y forma todos los  estudios y proyectos necesarios, se tramitaron todos permisos y licencias que exigen las normas internacionales y nacionales así como se diseñó el  financiamiento  con recursos privados y públicos debidamente respaldados por los estudios financieros y con base en los ingresos del proyecto. Se trata de un conjunto impresionante actividades de gabinete y de campo que se hicieron durante años.

No es factible ni técnicamente, ni comercial ni económicamente construir un sistema de tres aeropuertos porque es a todas luces ineficiente y antieconómico pero sobre todo porque pone en riesgo la seguridad de la las personas al ser complejo desde el punto aeronáutico. Hoy la seguridad de los pasajeros es lo más importante. El Naim en cambio, cumple en toda forma las más estrictas normas en materia de seguridad aeroespacial.

Por otro lado, no se justificó ni técnicamente, ni económicamente, ni socialmente ni legalmente la cancelación de las obras en Texcoco. Tampoco se comprobó que hubiera  corrupción en los contratos que adjudicó el gobierno de Peña, pues mientras el presidente predicaba eso, el secretario de la SCT Jiménez Espriú lo desmentía. En esta materia, en todo caso con auditorias y revisiones se pudo haber corregido cualquier anomalía sin necesidad de pagar por no construir el nuevo aeropuerto.

Tampoco hubo razones ambientales, ni sociales ni técnicas para descalificar el NAIM. Durante años de estudios y realización de proyectos, diversas empresas nacionales e internacionales fueron gradualmente realizando todas las adecuaciones al proyecto conceptual de Texcoco y afinando el anteproyecto hasta contar con todos los elementos necesarios para realizar las obras sin problemas graves. En cambio el el gobierno de López, de manera diletante,  pretende en unos pocos meses tener lo imposible: un proyecto ejecutivo factible. Mucho menos podrá realizar asi la obra.

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