Mediante un desplegado, actores de los tres órdenes de gobierno y de los sectores privado, social y académico, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador adoptar un “Acuerdo Nacional”, asegurando que está violando derechos con la estrategia que anunció para enfrentar el COVID-19 y además una iniciativa suya busca anular al Congreso.

Consideraron que la pandemia ha puesto en evidencia a un gobierno empeñado en tomar medidas unilaterales, algunas de las cuales terminan por afectar a los propios ciudadanos.

Entre los demandantes se encuentran los senadores veracruzanos Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y los panistas Julen Rementería e Indira Rosales San Román.

Al respecto, criticaron que el Ejecutivo Federal publicó un Decreto con medidas que adoptará para enfrentar la emergencia económica, pero que violenta los derechos laborales de las y los trabajadores de la Administración Pública Federal, obligándolos a reducir sus ingresos y renunciar a las prestaciones que por ley les corresponden.

“Un Decreto que pone en riesgo la operatividad del gobierno mediante la clausura de dependencias, el cierre de oficinas y la reubicación de funcionarios: una estrategia que sienta las bases y define la hoja de ruta para una peligrosa parálisis de todo el Gobierno Federal.

“Un Decreto que prevé la reasignación de 622.5 miles de millones de pesos para el cumplimiento de actividades y programas que sin duda no son esenciales para enfrentar la realidad de la recesión económica y la disminución de los ingresos tributarios”.

Te puede interesar: Monreal asegura que Senado avala planes de AMLO sobre COVID-19

Consideraron que se trata de una visión “corta, parcial, insuficiente e ideologizada de la realidad”.

Además, criticaron la iniciativa presidencial para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue enviada el mismo jueves a la Cámara de Diputados, misma que desconoce las previsiones vigentes para la disminución de ingresos y eliminar, bajo el pretexto de la emergencia económica, las facultades y la responsabilidad del Poder Legislativo en el control del ejercicio de los recursos de la Federación.

“Una iniciativa que atenta contra la división de poderes y el orden constitucional del Estado mexicano”.

Publicidad