El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pidió que en la iniciativa de la ley General de Archivos que se discute en el Senado se de autonomía al Archivo General de la Nación, además de ser descentralizado, no sectorizado, y responsable de encabezar las tareas del Estado mexicano en materia de gestión documental, además de que el Consejo Nacional de Archivos será la máxima instancia en materia archivística del país y no dar todas las atribuciones a la Secretaría de Gobernación como se plantea.

El INAI propone 10 consideraciones para la ley de archivos entre ellas que se “reconozca expresamente la naturaleza de los archivos históricos como fuentes de acceso público y de interés general y no solo como fuentes de información esencial”, y no solo los investigadores.

También, piden que el respeto al derecho a la verdad garantice el acceso a “violaciones graves de los derechos humanos contenidas en los archivos de los sujetos obligados, sin importar el ciclo vital de la documentación, por lo que el Estado tiene la obligación de proporcionar la información de manera confiable, veraz y oportuna”, como marca la ley general.

También, piden los recursos económicos necesarios para el Archivo General de la Nación ante los recortes presupuestales que sufrió para 2017.

El INAI solicita conocer cuáles serán las autoridades e instancias responsables de interpretar la Ley, de generar los lineamientos y procedimientos correspondientes, así como de organizar su implementación y la toma de decisiones en la materia; y recomiendan mejorar el marco normativo del Sistema Nacional de Archivos que plantea la iniciativa.

“Ya que si bien se define como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos y procedimientos, no establece de manera clara qué instancias lo integrarían”, lo que dificultaría su operación.

Proponen que los integrantes del Sistema Nacional de Archivos sean titulares de organismos del Estado mexicano, así como un representante de la sociedad civil organizada cuyas atribuciones, funciones y actividades estén relacionadas con la gestión documental, la preservación del patrimonio documental, la transparencia y la rendición de cuentas, y que sean personas técnicas especializadas.

Por ello expertos en materia archivística y organizaciones de la sociedad civil deberían integrar el Consejo Nacional de Archivos con voz y voto.

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