El sistema forense se encuentra colapsado, esto debido a la falta de servicios básicos como agua, escasez de personal especializado, instrumentos prestados y procesos, que hacen prácticamente imposible saber dónde fueron inhumados cuerpos sin identificar.

De acuerdo con el diagnóstico que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre la situación en que se encuentran los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y Servicios Periciales del país, esta crisis se vio impulsada por el incremento de la violencia a partir del 2007, que generó decenas de miles de homicidios y de personas desaparecidas.

Con 263 anfiteatros en todo el país, sólo hay capacidad para almacenar cinco mil 171 cadáveres; sin embargo, tan sólo en tres días en que se hizo el estudio, del 29 al 31 de marzo pasados, la subsecretaría detectó que en los Semefos había ocho mil 116 cuerpos, lo que indica que casi tres mil cuerpos son acumulados de manera inadecuada.

La situación se hizo evidente en septiembre del 2018, cuando se reveló que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantenía 322 cuerpos en dos tráileres, pues los 122 espacios de sus cámaras frigoríficas estaban ocupados.

Funcionarios citados por Reforma, narran que la situación era peor, pues además de los cadáveres en los tráileres, había al menos 20 más tirados en el suelo del instituto, algunos apilados sobre otros.

Ante la acumulación de trabajo, que se disparó hace 12 años, las autoridades estatales realizaron prácticas como la inhumación en fosas comunes sin realizarles los exámenes requeridos.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, refirió que también se incineraban cuerpos sin identificar o eran entregados a las universidades con fines académicos.

El diagnóstico oficial señala que, al menos 37 mil 443 cadáveres que fueron procesados entre 2006 y 2017, no hay claridad de que se les haya practicado la necropsia de ley, de acuerdo con sus certificados de defunción.

En algunas entidades, como el Estado de México, los procedimientos son tan irregulares que pierden lo que llaman la “trazabilidad” de los cuerpos que fueron inhumados en fosas comunes, por lo que se ha requerido corroborar la identidad de uno en particular, las autoridades han tenido que admitir internamente que desconocen su ubicación.

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