Las autoridades sanitarias de Colorado, Estados Unidos, anunciaron este martes un plan de emergencia tras detectar altos niveles de contaminación y toxicidad en el agua subterránea de varias ciudades, entre ellas la capital, Denver, que afecta a por lo menos a 3.5 millones de personas que se surten de los pozos.

Se trata de químicos que producen enfermedades renales, cáncer y problemas de desarrollo, provenientes de industrias, bases militares e incluso cuarteles de bomberos, precisó el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés).

Pruebas realizadas en el agua del área metropolitana de la capital y de otras áreas urbanas como Boulder y Colorado Springs, detectaron la presencia de “químicos permanentes”, detalló el CDPHE.

El elemento más común, los fluoroquímicos, o PFAS, se encontraron en áreas de Denver con un nivel casi tres mil veces superiores a los límites aceptables como saludables por el Gobierno Federal.

La contaminación afecta especialmente la zona cercana a la Base Buckley de la Fuerza Aérea en Aurora, al este de Denver, y al área de la única refinería de Colorado, Suncor, en Commerce City, al norte de esa ciudad.

En Colorado Springs, la segunda ciudad más poblada del estado, el nivel de contaminación del agua subterránea cerca de la Academia de la Fuerza Aérea es mil veces superior a los límites federales.

Según las autoridades de salud locales, la contaminación es “más amplia y más severa” de lo que hasta ahora se creía y el problema afecta a más personas que dependen del agua de pozos que en cualquier otro estado.

De hecho, otros dos reportes recientes ya indicaban que el agua de Denver estaba contaminada por micro plásticos y que los terrenos suburbanos al norte de esa ciudad siguen contaminados por desperdicios de empresas metalúrgicas y bases militares ya cerradas, pero que operaron en esa zona durante décadas.

John Putnam, director de programas ambientales del CDPHE, indicó que están examinando el agua de 400 pozos privados y tomando muestras de sangre de las personas que beben esa agua.

Según Putnam, la prioridad es “impedir que las personas ingieran esa agua (contaminada)”, pero primero se debe determinar de dónde proviene, hasta dónde llega y hacia dónde se dirige.

El plan de emergencia incluye nuevos fondos para el CDPHE (cada examen de agua cuesta unos 400 dólares), aumentar la autoridad del Departamento de Salud para controlar la calidad del agua, establecer límites para los PFAS, y coordinar la limpieza del agua con jurisdicciones locales, estatales y federales.

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