La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual plantea crear el marco jurídico para garantizar el control de la petrolera al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través del director general de la empresa.

Para ello, se propone otorgar prácticamente todas las facultades y poder a Octavio Romero Oropeza, titular de la petrolera, para fijar el rumbo y destino de la misma.

El proyecto de dictamen de 84 páginas, al que se tuvo acceso, describe que a través de esa línea de mando ambos —el Presidente y el titular de Pemex— podrán dirigir, ejecutar, admi-nistrar y operar de manera integral a la empresa en materia de exploración, transformación y refinación.

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En el rubro de contratos con particulares, la iniciativa describe que en el área de Asignación para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos se abre la posibilidad de que Pemex celebre directamente contratos de asociación con particulares, mediante lineamientos emitidos por las secretarías de Hacienda y Energía, de manera que se elimina la obligación de que el órgano regulador (la Comisión Nacional de Hidrocarburos) lleve a cabo el proceso de licitación para la búsqueda de socios.

El dictamen busca delimitar claramente las atribuciones del Consejo de Administración y del director, “porque lo que actualmente observa la ley diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no que opera”.

Uno de los principales objetivos es alcanzar la capacidad de producir 80% de la gasolina que consumimos, “lo que blindaría al país y permitiría lograr la soberanía energética que el Ejecutivo federal plantea, al tiempo que disminuirían a 200 mil barriles diarios las importaciones, reduciendo así la balanza comercial negativa de hidrocarburos e incrementando la productividad de la industria nacional”.

Entre las líneas de acción de la iniciativa se prevé restarle poder al Consejo de Administración de Pemex, sobre todo en su participación en el diseño del plan de negocios, y que los futuros consejeros profesionales sean funcionarios públicos, porque son sujetos de responsabilidades, lo cual otorga certeza al ejercicio y confiabilidad en su desempeño.

En el documento se establece que se abre la puerta a la desintegración de las filiales para dar paso a una sola empresa, como operó en el pasado hasta antes de las reformas estructurales, facilitar la asociación o alianzas con las empresas que Pemex decida, sin pasar por la autorización de la CNH.

El documento, con fecha para su discusión el próximo 20 de febrero, que nace de la iniciativa que presentó la diputada Karla Yuritzi Almazán y suscrita por los legisladores de Morena, subraya que con este proyecto Pemex está obligado a maximizar la renta petrolera, “asegurando el máximo factor de recuperación de los hidrocarburos del Estado, garantizando la seguridad y soberanía energética para contribuir al desarro-llo nacional, teniendo como referencia que es una empresa del Estado mexicano”.

De hecho, plantea que soberanía energética significa que “todos los recursos energéticos deben permanecer bajo la propiedad nacional, el control y la gestión del Estado”.

Respecto al director de Pemex, el proyecto señala la necesidad de “fortalecer” sus facultades operativas y absorber funciones que actualmente le corresponden al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que llevan implícitas la toma de decisiones y la conducción de la petrolera, relativas a aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones y sus empresas productivas subsidiarias en torno a empleados de confianza.

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