Por mayoría de tres votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó el proyecto del ministro Javier Laynez, quien proponía conceder el amparo a grupo Sanborns para poder comercializar cigarros electrónicos, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le negara el permiso.

El proyecto fue turnado al ministro Luis Maria Aguilar Morales, quien deberá elaborar uno nuevo, en el sentido de no conceder la protección de la justicia federal.

En su proyecto, Laynez Potisek argumentó que si bien la Ley General para el Control del Tabaco persigue objetivos constitucionalmente válidos relacionados con la salud pública y el medio ambiente, la prohibición absoluta que prevé respecto de productos que no sean del tabaco se encuentra fuera de proporción.

Aunque la SCJN ya ha otorgado otros amparos a favor del uso de cigarros electrónicos, considerando que no se les puede imponer a estos artículos las regulaciones que la ley impone a los productos derivados del tabaco, esta es la primera vez que rechaza un proyecto en este sentido.

La resolución de la Segunda Sala se da a 15 días de que se emitió un Decreto Presidencial que prohibió la importación de cigarros electrónicos, con el argumento de proteger la salud de los mexicanos.

Sanborns presentó una consulta ante la Cofepris respecto a la obtención de los permisos necesarios para poder realizar la importación y comercialización de productos denominados “cigarros electrónicos”, situación que le fue negada, toda vez que la Ley General para el Control del Tabaco en su artículo 16, fracción VI, prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco.

Inconforme, la empresa tramitó un juicio de amparo al estimar que los cigarros electrónicos no causan afectación a la salud, lo que, a su juicio, resulta discriminatorio y desigual.

Un juez de distrito concedió el amparo; no obstante, la Cámara de Diputados y la Cofepris interpusieron recurso de revisión alegando que la Ley General para el Control del Tabaco no viola la garantía de igualdad.

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