La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos partidos políticos contra la Constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre.

El ministro Javier Laynez Potisek propuso declarar constitucional la mayor parte de los artículos impugnados promulgados por la Asamblea Constituyente y que se publicaron en la Gaceta Oficial de la capital el 5 de febrero de 2017.

Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Menaperfilaron dar un voto favorable al proyecto en el tema referente a la ampliación de derechos humanos que contempla la Carta Magna local; en tanto, el ministro José Ramón Cossío Díaz realizó una serie de observaciones al proyecto, pero no definió cuál será el sentido de su voto.

El ministro Alberto Pérez Dayán dijo que aguardará a definir su voto, pero en el tema de derechos humanos manifestó:

“…pienso que el Constituyente, en lo particular, quiso en la Ciudad de México darle, porque así lo ordenó su Constituyente, una exposición que no tienen las restantes entidades federativas…

“Simplemente hoy se tiene que revisar si esto se desbordó en cada caso concreto en donde amplió derechos, esto es, si realmente sólo se dedicó a establecer las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto por el artículo uno de la Constitución o, en ese ánimo creativo, alcanzó conclusiones que no le corresponden”.

La PGR sostuvo que al establecer un catálogo de derechos humanos a nivel local, la Constitución de la Ciudad de México incurrió necesariamente en una alteración o modificación indebida del parámetro de regularidad constitucional, pues corresponde en exclusiva al Poder Revisor de la Constitución Federal y al presidente y al Senado de la República, a través de los tratados internacionales, fijar el alcance y contenido de los derechos humanos.

En segundo lugar, señaló que los derechos humanos, dada su universalidad, tienen que ser únicos y unívocos en todo el país y, por tanto, permitir que la Ciudad de México establezca derechos humanos a nivel local hace que su contenido dependa de las particularidades de las entidades federativas.

En opinión de la PGR, esto propicia la injusticia, la desigualdad y la discriminación, así como una complejidad de consecuencias muy graves para la seguridad jurídica del país.

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