El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “desear con toda su alma”, conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario dijo que sostendrá su primer encuentro del año con padres y familiares de los normalistas, para informales sobre avances en la indagatoria.

“Hoy tengo una reunión con los padres de Ayotzinapa… Deseo con toda mi alma saber el paradero de los jóvenes. Es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad. Esa es una espina que tenemos clavada, no vamos a dejar este asunto”, aseguró el presidente.

Insistió que el esclarecimiento del caso es una prioridad para su gobierno, por lo que recordó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, junto con un equipo de expertos, están dedicados a la investigación del caso ocurrido hace más de cinco años.

“No vamos a dejar este asunto, está dedicado de tiempo completo Alejandro Encinas y todo un equipo. Hay investigadores, acompañantes que están desde el inicio de la investigación”, expresó.

Dijo que aceptó que participe en la investigación el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH. “El grupo hace un trabajo profesional”, expuso.

”Quisiéramos ya tener resultados, no es un asunto de falta de recursos, ni de voluntad, no vamos a encubrir a nadie”, enfatizó.

Insistió en que las investigaciones llevarán su curso aunque en el anterior sexenio pasado se manejó el argumento que se podría dañar a las instituciones.

El encuentro entre el presidente López Obrador y los padres de los normalistas se lleva a cabo a puerta cerrada en Palacio Nacional.

Nueva teoría sobre Ayotzinapa sugiere que los 43 estudiantes fueron llevados a lugares distintos

El caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa podría tener un nuevo giro: un análisis de miles de llamadas indicarían que en realidad los alumnos no fueron incinerados en un mismo lugar, sino que fueron divididos en grupos más pequeños.

“No hay punto a donde hayan sido llevados los 43, más bien los datos que ahora se tienen es que pudieron ser divididos en varios grupos y su paradero puede ubicarse en diferentes municipios aledaños a Iguala”, así lo expresó Vidulfo Rosales, el abogado de las familias de los normalistas desaparecidos.

Indicó que se llegó a esta conclusión gracias al análisis de más de 10,000 llamadas telefónicas que se realizaron antes, durante y después de los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre.

La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 normalistas desaparecieron a manos de policías municipales de Iguala que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin a la Ciudad de México.

Oficialmente, según la investigación del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), autondenominada como “la verdad histórica”, una vez que los estudiantes fueron entregados a los criminales, los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho. Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.

En septiembre del año pasado, unos días antes de que se cumpliera el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas, un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 24 policías municipales involucrados en la desaparición de los estudiantes. Se trata de agentes de los municipios de Cocula, Iguala y Huitzuco.

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a la nueva investigación, en un acuerdo en el que López Obrador fungió como testigo, para avanzar sobre todo en las líneas que el gobierno anterior dejó pendientes.

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