El 76.5 por ciento de la población está de acuerdo con la posibilidad de realizar el proceso de revocación de mandato.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado, sólo el 18.6 por ciento dice estar en desacuerdo.

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El reporte “Revocación de mandato”, elaborado por el investigador Israel Palazuelos, refiere que la revocación de mandato se inscribe dentro de los regímenes democráticos como una forma directa de participación ciudadana.

Esta figura es el procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa, debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él o ella, resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función.

La revocación de mandato existe en México desde el 20 de diciembre de 2019, fecha en la que se publicó la reforma a varios artículos de la Constitución.

Esta reforma establece que el presidente de la República, los gobernadores de las entidades federativas y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México podrán ser sujetos de la revocación del mandato.

Para que una petición de revocación de mandato sea válida es necesario que quienes la soliciten sean un número equivalente a por lo menos 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 2 millones 700 mil personas, aproximadamente.

Por otra parte, el 77 por ciento de los encuestados manifestó que el proceso de revocación de mandato debe llevarse a cabo por la ciudadanía y no por el Congreso, el propio Presidente o la autoridad electa.

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