Organizaciones ambientalistas que se oponen al Tren Maya ingresaron una solicitud al sistema de peticiones de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), conformada por los tres países del T-MEC, para que se investigue el hecho de que México está dejando de aplicar su legislación ambiental para construir el Tren Maya, el cual tendrá impactos sobre ecosistemas frágiles y de alto valor ambiental y social de Quintana Roo.
“Respetable secretariado de la CCA, atentamente solicitamos se sirva:
“Primero.- Tenernos por presentada en los términos de este escrito, la petición ante esa CCA, cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 24.27.
“Segundo.- Se admita la petición, se haga una investigación y, en su momento, se haga una publicación del expediente de hechos del asunto elevado y hecho de su conocimiento”, se lee en el escrito ingresado al CCA.
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El CCA es una organización intergubernamental integrada por Canadá, Estados Unidos y México, creada en 1994 al amparo del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), la cual continúa funcionando.
“Su propósito es atender las cuestiones ambientales regionales de preocupación común y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental”, según datos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el documento de 18 páginas ingresado al CCA, las organizaciones ambientalistas denuncian que se ejecutaron trabajos de desmonte sobre la selva maya sin haber obtenido de manera previa las autorizaciones correspondientes y, por ende, sin que se hayan realizado y evaluado los estudios para saber si el megaproyecto Tren Maya viable sobre esa zona.
“Sobre todo, para no afectar los sistemas subacuáticos, cavernas y cenotes que garantizan la disponibilidad de agua para toda la región, además de considerar un riesgo la fragilidad del suelo kárstico”, se lee en la petición.
Consignan además que en la zona por donde correrá el Tren Maya se han localizado 248 cenotes y 198 contextos arqueológicos, de los que 138 parecen estar vinculados a la civilización maya y al menos dos, a restos óseos de individuos pre-cerámicos con una antigüedad mínima de 9,000 años.
En el punto 16 de la petición invocan el capítulo 24 del T-MEC, “de entre los cuales está el de promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales, pero, sobre todo, el propósito principal de proteger y prevenir un peligro contra la vida o salud de las personas”.
En el apartado de exposición de hechos, hacen referencia al acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual asigna la condición de proyectos de seguridad nacional a las obras de infraestructura del gobierno mexicano, entre ellas el Tren Maya.
Además de señalar que dicho acuerdo es violatorio de los principios de prevención, precaución, progresividad de los derechos humanos y de no regresión en materia ambiental, también aseguran que el Tren Maya no encaja en ninguno de los supuestos que marca la Ley de Seguridad Nacional.
“El Tren Maya no garantizaría proteger al país frente a riesgos y amenazas; tampoco sería una obra de infraestructura que permita preservar la soberanía y defensa del territorio ante alguna invasión de otros países… de su construcción no depende mantener el orden constitucional y la unidad de la federación ni a fortalecer las instituciones democráticas, pues eso es propio de otro tipo de instrumentos jurídicos y de acciones de seguridad y paz nacional, no de un sistema de transporte”, exponen en el escrito.
En total, son 19 ciudadanos y 6 organizaciones las que firman la petición, entre las que se encuentran Moce Yax Cuxtal, Gema del Mayab, Red de Formadores Socioambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos y Jaguar Life Center.
Cabe recordar que desde el pasado 13 de julio se reanudaron las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, pese a estar vigente la suspensión definitiva de las obras concedida por un juez de Yucatán mediante el juicio de amparo 884/2022.
El presidente López Obrador argumentó que no se violentó la ley, pues previo a ello se hizo valer la condición de proyecto de seguridad nacional de la que goza el Tren Maya para poder reanudar las obras.
