El Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Iguala concluyó este viernes su segunda visita oficial a nuestro país.

En conferencia de prensa, Paulo Abrão, manifestó la preocupación por la falta de celeridad para esclarecer este caso y es que a dos años y siete meses de los hechos, la situación y paradero de los 43 estudiantes desaparecidos aún desconocido.

“El Mecanismo ha analizado la información recibida desde el inicio de sus funciones, y expresa su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI. La Comisión constata que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación”.

Acompañado por la coordinadora del Mecanismo, Esmeralda Arosemena; el funcionario de la CIDH destacó que la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, pone en riesgo la búsqueda de la verdad y la justicia.

En este marco, la emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula es de preocupación para la Comisión. El Mecanismo reitera que la difusión de esta hipótesis, que ya ha sido descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.

Sobre este punto, Paulo Abrão comentó que las autoridades federales informó al Mecanismo de Seguimiento que en los últimos meses no se han hecho nuevas investigaciones sobre este tema.

En materia de investigación, la CIDH reiteró la importancia de examinar debidamente los indicios sobre la participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Respecto a la investigación de la telefonía, es prioritario también que el Estado determine al menos quiénes son “el Caminante” y “el Patrón” mencionados por varias personas involucradas en los hechos, así como profundizar la investigación del papel del ejército en los hechos.

Del mismo modo, la CIDH urgió al Estado a avanzar en la investigación de dos policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos, con base en los señalamientos tanto del GIEI como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Estado debe además profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Para ello la CIDH exhortó al Estado mexicano a priorizar las solicitudes de asistencia jurídica al gobierno estadounidense así como a priorizar pruebas y diligencias en relación con el quinto autobús.

En materia de búsqueda, urgió al Estado mexicano a crear una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas y exhortó a las autoridades a implementar el uso de la tecnología LIDAR lo antes posible y a ampliar el área de búsqueda, de acuerdo con lo propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

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