El mayor pendiente de los gobiernos estatales en materia de corrupción está en reducir de manera efectiva el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y licitaciones poco transparentes que cometen los funcionarios de alto nivel, de acuerdo con el índice de Derecho en México 2019-2020 realizado por la organización World Justice Project (WJP).

Los resultados de dicha investigación revelan que a escala nacional se tiene una calificación promedio de 0.29 puntos (de una escala de 0 a 1) en la percepción de que los funcionarios de los gobiernos estatales o municipales no incurren en los actos de corrupción antes mencionados.

El investigador del WJP, Jorge Antonio Morales, explicó que este tipo de corrupción tiene un gran impacto en la gente porque “desmorona la confianza en el Estado” y eso afecta directamente en otros aspectos como la seguridad pública porque la población ya no acude con las autoridades para que resuelvan este tipo de problemas.

En contra parte, el índice de confianza en los casos de corrupción pequeña; es decir, los actos cotidianos donde los servidores públicos piden dinero para agilizar trámites personales o multas de tránsito presentan una calificación promedio de 0.43 puntos.

De acuerdo con el especialista, los actos de soborno a menor escala influyen en gran medida en la economía familiar, ya que la gente prevé gastar más dinero para agilizar los procesos administrativos con la clásica “mordida”.

En niveles generales, la ausencia de corrupción de cualquier tipo una calificación promedio de 0.36 puntos, lo que representa un avance en comparación con el registro de 2018 que fue de 0.35 puntos.

Calificación General

En lo que respecta a la calificación global del Índice de Estado de Derecho en México, los estados mejor calificados fueron Yucatán con 0.46 puntos, Aguascalientes con 0.45 y Zacatecas con 0.43.

Por el contrario, las entidades federativas peor calificadas son Guerrero con 0.33, Puebla con 0.35 y Quintana Roo con 0.35; mientras que Campeche, Coahuila, Querétaro están ubicados en la parte alta del ranking; Hidalgo, Jalisco y Estado de México no tuvieron un cambio significativo.

Los especialistas del WJP explican que 15 entidades federativas aumentaron su puntaje respecto al informe de 2018, especialmente en el factor que tiene que ver con los límites al poder gubernamental que mide en la práctica los pesos y contrapesos de las instituciones, mientras que en otros 11 estados se presentaron descensos en la calificación.

Para los especialistas del WJP, el retroceso más alarmante se dio en el rubro de orden y seguridad, que bajó su puntaje en 19 estados del país, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, de la prevalencia en incidencia delictiva y del deterioro de la percepción de seguridad en la población en general.

En cuanto a la justicia civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias, en la mayoría de los estados se registran carencias del acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil.

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