Amnistía Internacional (AI) dio a conocer que la Guardia Nacional y las demás corporaciones de seguridad creadas o modificadas durante esta administración y que se encargarán de vigilar la seguridad de la población, deben de regir sus actos bajo las normas de una nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

De acuerdo con AI, la ley actual no se apega al derecho internacional, a los derechos humanos y en particular, a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“El uso de la fuerza y de las armas de fuego debe estar sustentado en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza contempla estos principios, pero lo hace de manera inadecuada”, señala documento “México: Cuando las palabras no bastan”, la Situación de los Derechos Humanos a un año de Gobierno presentado hoy por la organización.

Además, la ley regula equivocada e insuficientemente el armamento permitido y no establece con claridad que cualquier uso de la fuerza debe ser la última alternativa a la que pueden recurrir los funcionarios encargados, añade.

El estudio analiza las estrategias de seguridad que ha adoptado y aplicado el actual gobierno, así como el aumento en la violencia contra mujeres y los migrantes.

Entre las recomendaciones que emite AI al gobierno mexicano, destaca que la Guardia Nacional no tenga ninguna relación administrativa, disciplinaria o que sus miembros estén adscritos al Ejército.

El documento afirma que actualmente las fuerzas armadas siguen pagando la nómina de la Guardia Nacional, lo que debería de concluir lo más pronto posible para dar paso a una autonomía que no involucre a las instituciones castrenses con tareas de seguridad pública.

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