La Fiscalía General de la República investiga a más de 150 funcionarios públicos mexicanos presuntamente involucrados en el delito de desaparición forzada, reportó La Jornada con base en una solicitud de información realizada a la dependencia.

De los 154 funcionarios y exfuncionarios indagados por la Fiscalía General en el período que comprende de enero del 2012 a octubre del 2022, 61 son elementos de las fuerzas de seguridad. 

En particular, 44 son agentes de la Secretaría de Marina, 15 de la Defensa Nacional y dos más de la Guardia Nacional. 

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Asimismo, la dependencia informó que investigan la participación de 30 servidores de la propia institución y de 15 integrantes de fiscalías locales en los estados. 

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La Fiscalía General también abrió investigaciones a cuatro empleados del Instituto Nacional de Migración, a cinco funcionarios de secretarías de seguridad pública, a dos de centros federales de readaptación social (Cefereso), a uno de un centro de reinserción local (Cereso) y a otro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Otros cinco policías ministeriales son investigados, además de 11 agentes municipales y 10 policías estatales, ocho exintegrantes de la extinta Policía Federal y un funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Desapariciones en México

Actualmente hay 110.179 personas desaparecidas en el país latinoamericano, según la base del Gobierno federal, que retoma casos desde 1964. 

De acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, entre 2006 y 2021 se produjo un “crecimiento exponencial de las desapariciones en el país”. El organismo afirma que hay una “estrecha relación” entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició durante el sexenio de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional, entre 2006 y 2012.

En la Administración de Calderón se puso en marcha “el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios”, alertó el Comité.  

En el marco de su visita a México en noviembre del 2021, el Comité de la ONU detalló que la delincuencia organizada es el “perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. 

“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal”, agregó el Comité de Naciones Unidas

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