La Comisión Permanente del Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales implementar acciones que permitan que todas las entidades federativas cuenten con una fiscalía especializada.

Conforme al dictamen presentado, el objetivo es establecer mecanismos de investigación que coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales.

Y recalca que si se quieren dar pasos firmes para robustecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, todas las autoridades deben asumir de manera plena la responsabilidad que la ley confiere y que a los órganos de procuración e impartición de justicia les corresponden, a fin de crear una atmósfera de seguridad jurídica.

El documento precisa que hasta junio de 2016, sólo los estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuentan con fiscalías especializadas.

Sin embargo, destaca que se debe tener presente que el combate a la impunidad y la corrupción es una tarea que compete a todas y a todos, por lo cual es necesario velar por el derecho de la ciudadanía de expresar con toda libertad su voluntad electoral y que la procuración de justicia ejerza con prudencia, serenidad y energía sus facultades.

Por lo tanto, es importante garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales y supervisar que los recursos públicos de los programas federales no sean utilizados con fines políticos.

El documento enfatiza que la FEPADE, es la autoridad encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a estos delitos y por tal motivo debe contar con unidades administrativas en toda la república, que investiguen y persigan este tipo de delitos.

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