La administración Obama se declaródecepcionada del rechazo de la Suprema Corte de Justicia para reconsiderar la ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos DAPA implementadas por el presidente Barack Obama. “La administración está decepcionada de que el Tribunal Supremo ha negado una vez más al Departamento de Justicia la petición de volver a escuchar este caso”, dijo el vocero presidencial Josh Earnest, al reaccionar a la decisión, con lo que las nuevas órdenes ejecutivas del mandatario continuarán sin implementarse.

Earnest dijo que aunque no hay repercusiones, “esto es un arma de doble filo”, debido a que la administración seguirá empujando las prioridades de control para concentrar sus recursos en la deportaciones de criminales y no de las familias.

“Estamos centrando nuestros esfuerzos en quienes cruzan la frontera ahora, en los que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, y con los delincuentes. Esta decisión decepcionante del Tribunal Supremo no afecta a esas prioridades”, dijo.

La decisión de este lunes del máximo tribunal sobre las acciones ejecutivas migratorias de Obama ocurrió luego que los magistrados las habían mantenido en suspenso a raíz de un empate judicial de 4-4 el pasado 23 de junio.

Las medidas del mandatario buscaban beneficiar a casi cinco millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.

El desenlace del caso fue visto por expertos como una derrota para la política migratoria del presidente Barack Obama, que emitió sus acciones ejecutivas ante la falta de acción del Congreso para someter a votación final una reforma migratoria.

La ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) buscaba beneficiar a más de 300 mil jóvenes indocumentados, como complemento al programa original que beneficiaba desde el 2012 a unos 700 mil menores de edad sin autorización migratoria.

 Su versión para adultos, DAPA, buscaba beneficiar a más de cuatro millones de padres indocumentados con hijos que fueran ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes.

Los dos programas fueron impugnados por 26 estados del país encabezados por Texas bajo el argumento de que las acciones ejecutivas migratorias del presidente los forzaban a incurrir en gastos por la obligación de expedir documentos de identidad a los inmigrantes indocumentados.

Fuente Notimex

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