OEA inicia proceso para expulsar a Nicaragua; ya la considera dictadura

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Países del continente manifestaron ayer, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), su preocupación por la tendencia autoritaria del presidente Daniel Ortega, desde que las protestas sacudieron a Nicaragua desde abril, por lo que iniciaron el procedimiento formal para activar la Carta Democrática Interamericana (CDI), que supone el primer paso para expulsar al país del organismo.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática”, anunció ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro. “Quisiera aferrarme a que usted y su gobierno asuman la dignidad de asumir errores, de volver a los principios que los llevaron a la democracia”, añadió dirigiéndose al embajador nicaragüense ante el organismo, Luis Alvarado.

La CDI es un instrumento aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado de la OEA puede solicitar la convocatoria del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional”.

Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa “alteración” y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas. De fracasar éstas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres podrían suspender a un Estado si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.

Nicaragua está inmersa en una crisis social desde el estallido, el 18 de abril pasado, de una ola de protestas que, en principio, reprochaban al presidente Ortega una reforma al sistema nacional de pensiones; ahora buscan la renuncia del Ejecutivo y que se adelanten las elecciones.

La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el gobierno sólo reconoce 199.

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