El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que ante el clima de miedo y preocupación que enfrenta el gremio periodístico por la violencia y las agresiones en su contra, comunicadores, sociedad y defensores de derechos humanos deben alzar la voz para visibilizar el problema y demandar que se ponga fin al binomio corrupción-impunidad.

Al encabezar en Ciudad Juárez, Chihuahua, el foro regional sobre la Libertad de Expresión, el ombudsman destacó los esfuerzos de los informadores y medios de comunicación por articularse y organizarse; sin embargo, subrayó que las estrategias que se pongan en marcha no pueden sustituir el deber del Estado para generar condiciones necesarias para el ejercicio periodístico.

Comentó que los informadores enfrentan deficiente protección que les impide contar con las garantías de seguridad para su pleno desempeño.

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Agregó que las agresiones a periodistas van en aumento, como lo muestran los registros de la Comisión Nacional, los cuales indican que del año 2000 a la fecha se tienen 129 homicidios de periodistas, 20 desapariciones de 2005 a la fecha y 51 atentados a medios de comunicación de 2006 al día de hoy.

Detalló que el incremento en las agresiones a periodistas se refleja en el número de quejas presentadas ante la CNDH, que en 2014 recibió 96; 80 en 2015; 98 en 2016 y 63 en lo que va del presente año, cifras a las que deben añadirse los casos registrados por los demás organismos públicos de derechos humanos y aquéllos no denunciados.

Destacó que la falta de adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables e imponerles sanción genera impunidad que se traduce en patente para hostigar a los periodistas, con el fin de silenciar la libertad de expresión.

Ante este panorama, González Pérez se pronunció por una mayor capacitación de los cuerpos policiales, que los mecanismos de prevención sean transitorios y la articulación y compromiso de las autoridades, y anunció que la CNDH ha elaborado un protocolo de actuación que será puesto en práctica una vez que se reciban las observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

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