La coordinadora de la Red Mexicana de Organizaciones Contra La Criminalización del VIH, Patricia Ponce, solicitó a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, revisar el decreto que reforma Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de noviembre de 2019.

Esto dada la modificación a la legislación referente a la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, al Seguro Popular y la creación en su lugar del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), ya que la reforma puede afectar la sostenibilidad, a largo plazo, de los tratamientos 

para enfermedades catastófricas, tales como el VIH y el cáncer, para las personas que no gozan de seguridad social.

“Además de existir cambios en cuanto a la rectoría, financiamiento y prestación de servicios de salud, que podrían traducirse en afectaciones a derechos humanos de la población mexicana o bien retrocesos o regresiones de los elementos esenciales del derecho a la protección de la salud tales como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad”.

Señala en un escrito con fecha del 23 de diciembre de 2019, que existe preocupación por la sustitución del Cuadro Básico y del Catálogo Universal de Servicios de Salud por el llamado Compendio Nacional de Insumos para la Salud, así como la afectación del cálculo actuarial en que se basa el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos que soportaba y financiaba la  

atención de dichas enfermedades y la disposición de un porcentaje de recursos financieros para fines distintos a los que motivaron su recaudación.

“(Existe una preocupación) general por la certeza de los mecanismos que garanticen la continuidad en la atención, así como de los medicamentos necesarios para las pesonas con VIH y la de los nuevos diagnósticos y que, con ello se violenten sus derechos humanos”.

Añade que hay diversas inconsistencias administrativas han afectado la regularidad del otorgamiento de la atención y medicamentos hacia las personas con VIH en diversas instituciones públicas.

“Desde nuestra perspectiva, la  normatividad que regula estas cuestiones debe tener como principal objetivo la progresividad del derecho a la protección a la salud. Por lo anterior, solicitamos en atención a nuestro derecho de petición se nos dé a 

conocer por escrito y en breve término, la determinación que efectúe la Comisión Nacional como resultado del análisis correspondiente a los cambios normativos referidos, señalando para tal efecto los datos de enlace que aparecen al pie del presente”.

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