Ante las críticas recibidas por los salarios de ministros y juzgadores federales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) decidió mantener sin cambios su proyecto de presupuesto para 2019, enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que contempla un recorte por austeridad de 5 mil millones de pesos en comparación con el año pasado.

Sin embargo, de acuerdo al proyecto, las medidas no contemplan tocar los sueldos de jueces, ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura, pues se encuentran protegidos por la Constitución, pero sí prevé una reducción del 10 por ciento a las percepciones para mandos superiores como secretarios de estudio y cuenta, de acuerdos, directivos, entre otros.

De igual forma, en la propuesta del presupuesto para el año entrante se contempla un aumento de un 5 por ciento para todo el personal operativo, es decir, los sindicalizados y otros puestos de confianza.

Como informó Excélsior anteriormente, se busca que el presupuesto total para la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal sea de 65 mil 356 millones de pesos.

”Se ha elaborado un presupuesto para 2019 menor con respecto al año anterior, como resultado de un esquema de racionalidad y austeridad. El monto propuesto, considera ajustes en la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra”, señala su argumentación.

Se prevé una racionalización en materia de pasajes aéreos y terrestres, nacionales e internacionales, así como en viáticos nacionales y en el extranjero, y gastos de viaje vinculados a ponentes y participantes de eventos institucionales.

De acuerdo con el alto tribunal, se privilegiaron aquellas obras prioritarias en el marco del programa de reordenamiento de espacios institucionales, eliminando otras menos relevantes en diversos edificios y áreas de la SCJN; también se eliminó la adquisición y adecuación de un inmueble para una Casa de la Cultura Jurídica cuyo inmueble actualmente es arrendado.

Se considera la supresión de diversos eventos, principalmente en las Casas de la Cultura Jurídica, así como otros de integración, culturales y de orden social originalmente previstos por la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, para que permanezcan solo aquellos eventos de mayor envergadura que se realizan de manera centralizada.

También se plasmó racionalización a través de la reducción de los recursos asignados al Seguro de Separación Individualizado para Mandos Superiores y Mandos Medios, el cual se ajustó en una proporción del 50 por ciento.

La Suprema Corte explicó que para el cumplimiento de las comisiones de sus ministros, contrata invariablemente servicios comerciales de transportación aérea y que no se ha contratado, ni existe la posibilidad de contratar servicios de aviones o helicópteros privados para la transportación de algún ministro, funcionario o servidor público del máximo tribunal.

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