Ante los efectos de la pandemia del Covid-19 en nuestro país, así como problemáticas que ya existían desde antes, es necesario que se implemente una política de ingresos ciudadano universal, refirió el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.

“La pandemia no ha terminado de desplegar su agresividad y la crisis económica subsecuente, con su enorme caudal de desempleo y subempleo, registra reducciones todavía poco significativas”, aseveró el programa a través de un comunicado.

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Ante esto, el PUED aseveró que es necesario adoptar medidas extraordinarias de compensación y alivio, sobre todo ante la discusión en el Congreso de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021.

En este sentido, el ingreso universal sería una ayuda para los ciudadanos para afrontar la crisis económica, además de ayudar al gobierno a disminuir la población que vive en pobreza.

De acuerdo con sus estimaciones, con cifras del 2018, si se aplicara una política de ingreso universal de 1,000 pesos mensuales para toda la población, esto representaría 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Se trata de una cifra elevada, pero los resultados en materia de abatimiento de la pobreza y la desigualdad serían, sin embargo, dramáticos: en la definición oficial, la pobreza extrema prácticamente desaparecería, la pobreza total se reduciría a la mitad con la salida de esta condición de más de 22 millones de personas y el coeficiente de Gini, la medida más usual de la desigualdad en la distribución del ingreso, bajaría de 0.47 a 0.38, una magnitud nunca vista en México y en el rango de la que registran los países desarrollados”, aseveró.

Reconoció que la implementación de un programa de este tipo significa un gran esfuerzo fiscal por parte de la sociedad, ya que somos de los países miembros de la OCDE con el menor promedio de ingresos tributarios como proporción del PIB.

Sin embargo, destacó que con la reforma fiscal del 2013 se logró incrementar el nivel de recaudación como porcentaje del PIB de manera considerable, “lo que muestra que un salto significativo no es imposible, sobre todo si el compromiso es dedicar la tributación adicional, íntegramente, a los propósitos enunciados, sin intermediarios y con transparencia absoluta”.

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