El largo confinamiento por la epidemia del COVID-19 afecta ya, con fuertes efectos de depresión y ansiedad, a por lo menos el 30 por ciento de la población, por lo que la Secretaría de Salud reporta 335 tratamientos o “servicios especializados por violencia y riesgo de autolesión o suicidio”, reporta un estudio de la Cámara de Diputados.

En el documento Salud Mental, del Servicio de Investigación y Análisis en Política Social, se agrega también que la dependencia, con la colaboración de las facultades de Psicología y Medicina de la UNAM, de marzo a la fecha tienen “82 servicios siquiátricos en hospitales generales por estrés agudo, estrés postraumático, ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas”.

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Sin embargo, se hace énfasis en que “los recursos asignados anualmente a la salud mental han sufrido un recorte en promedio del 2.7%, destinándose apenas 2 mil 832 millones de pesos para este año”.

Se expone que “en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, las autoridades de salud a nivel federal implementaron la estrategia nacional Mi salud también es mental ante el COVID-19”.

De esta manera, la Secretaría de Salud “brinda atención psicológica de primer nivel a distancia y promueven la salud mental entre la población. Desde el 23 de marzo pasado, fecha en que se puso en marcha la estrategia referida, esta colaboración ha dado como resultado más de 23 mil 600 servicios de atención psicológica, de los cuales el 54 por ciento corresponde a población abierta, 25 por ciento a comunidad de la UNAM y 21 por ciento a personal de salud”.

Precisa que “este problema de salud afecta a alrededor del 30 por ciento de la población, destacando trastornos como la ansiedad y la depresión, según datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz”.

A pesar de todo lo anterior, insiste que “hablar de la inversión en materia de salud mental en nuestro país representa un panorama preocupante, ya que los 2 mil 832 millones de pesos destinados para este año, además de insuficientes, van en disminución”.

Por ello, se sugiere a los partidos políticos que se pida a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al IMSS y al ISSSTE, que firmen “un convenio de colaboración y coordinación para la atención integral de la salud mental de las personas, misma que se ha visto agravada por la presencia del COVID-19, así como para que analicen a la mayor brevedad la posibilidad de asignar más recursos para el desarrollo de infraestructura, atención médica y dotación de medicamentos en este mismo rubro”. El tema ya lo retomó el PVEM y lo llevará así a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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