A los funcionarios públicos que pertenezcan a una institución policial de la Ciudad de México que difundan información sobre delitos en la Ciudad de México, donde las víctimas fueron de mujeres, niñas o adolescentes, podrían recibir penas de hasta 16 años de prisión, luego de lo ocurrido en el feminicidio de Ingrid Escamilla.

En caso de ser servidores públicos que no están en un organismo policial, obtendrían como máximo 12 años de cárcel, en caso también de difundir un crimen que padecieron mujeres, niñas o adolescentes.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 293 al Código Penal para el Distrito Federal.

Éste sostiene que “al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados, con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Además, si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de ellos, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en el párrafo anterior, se incrementará en una tercera parte.

“Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”, señala el documento entregado a los legisladores.

Mientras que, cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas previstas en dicho artículo se incrementarán hasta en una mitad.

En un supuesto de que un policía capitalino haya tomado imágenes de un crimen contra una menor de edad, podría recibir hasta 16 años de cárcel, por las dos agravantes

Esto porque tendría una pena de hasta ochos, pero si se le suman las dos agravantes de pertenecer a una institución policial y videograbo un crimen contra una adolescente, que ambas serían de cuatro años cada uno, resulta una pena de hasta 16 años de cárcel.

En el encuentro celebrado en el órgano legislativo de Donceles y Allende, la Fiscal explicó que el detonante de esta iniciativa fue lo que ocurrió en el feminicidio de Ingrid Escamilla, donde se difundieron las imágenes de la escena del crimen.

“Esta iniciativa está hecha para castigar filtraciones, como la que ocurrió con Ingrid. Es una respuesta a un problema de nuestra institución y de las instituciones de seguridad”, sostuvo Godoy Ramos.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación para ser más responsables en el manejo de este tipo de imágenes.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, reconoció esta propuesta que entregó la Fiscal

“Celebramos la iniciativa que nos entrega la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, misma que habrá de modificar esta terrible situación en beneficio de las víctimas, de su nombre, de su imagen, de su familia en momentos de profundo dolor y tristeza”, afirmó la legisladora.

Este decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta oficial de la Ciudad de México.

Será la Comisión de Procuración de Justicia, encabezada por Eduardo Santillán, la que se encargue del debate y posterior presentación ante el Pleno legislativo para ser aprobada.

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