Xalapa.- Los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentaron una iniciativa para reestructura el Poder Judicial Federal, a fin de limitar la participación del Presidente de la República y otorgarle facultades supremas al Senado en la designación de magistrados, de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

En relación al nombramiento se excluye al Presidente de la República como órgano facultado para integrar la terna sobre la que el Senado designará al Ministro elegido por ellos, y se coloca en su lugar como titular de la facultad de conformación de la terna, al Consejo de la Judicatura Federal, órgano sobre el que se proponen, además cambios radicales, entre ellos su composición, conformado preponderantemente por integrantes externos al propio Pode Judicial Federal.

Igualmente se eliminan las potestades residuales concedidas al Presidente, para el caso de que el Senado no ejercite sus facultades de nombramiento en los plazos concedidos.

Se acrecientan las exigencias en los requisitos para ser ministro, incluyendo de manera expresa la idoneidad del perfil con datos plenamente demostrables y comprobables, con lo que se intenta descartar a cualquier aspirante que no sea capaz e íntegro y sobre todo, que la ausencia de méritos en el candidato comprometa más su independencia, tanto de frente al órgano que lo propone, como al que lo designa.

Se incluye un artículo transitorio que obliga igualmente a los que ya tengan ese carácter, a sujetarse a la ratificación ante el Senado, también a través de comparecencia pública, incluso con el apoyo de juristas expertos que ayuden a valorar la calidad técnica y la honestidad de los ministros sujetos a ratificación. Tratándose de licencias y renuncias de ministros, se propone que su calificación se haga libremente por el propio Senado, sin la intervención de ningún otro órgano, procurando evitar compromisos entre los consejeros y los ministros en funciones.

Y se optó, para lograr un mayor consenso, que su designación por el Senado fuera a través de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes.

En la iniciativa se establece, que actualmente el Poder Judicial enfrenta serias deficiencias que van desde la intromisión del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones hasta el nepotismo, que ha imperado en este poder del estado.

Los senadores proponen que la duración de los ministros en su cargo pase de 15 a 6 años, con la posibilidad de ser ratificados en una sola ocasión y dándole al Senado que “libremente califique la pertinencia de la ratificación”.

En cuanto a las reformas relativas al Consejo de la Judicatura Federal, proponen un cambio radical en su integración que será de once miembros, de los cuales tan solo tres serán integrantes del Poder Judicial Federal, y propuestos por el propio Consejo de la Judicatura al Senado.

Todos los demás miembros de dicho órgano serán ajenos al Poder Judicial Federal, y al igual que los propuestos por el Consejo serán libremente designados por el Senado.

“Su designación se sujetará a una convocatoria pública, que garantice un procedimiento que permita que la sociedad se pronuncie sobre los candidatos y el Senado pueda consultar la opinión de las universidades del país, de las facultades de derecho y centros de investigación jurídica, de las barras y colegios de abogados, de académicos y organizaciones de la sociedad civil, para que de esta manera elabore una lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, y se evalué el cumplimiento de los requisitos constitucionales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo”.

Seleccionaría a los mejores evaluados en una proporción de tres personas por cada cargo vacante, y de esta manera emitirá un dictamen que será sometido a votación del Pleno del Senado.

Igualmente se elimina al Presidente de la Suprema Corte de Justicia como Presidente, e incluso como miembro del Consejo de la Judicatura Federal, bajo la justificación de que esto impedirá que el Presidente de la Corte tenga injerencia en asuntos que son ajenos a la administración de justicia, e impedir al propio tiempo, la subordinación de los consejeros en particular y del Consejo en general, al Ministro Presidente de la Corte.

“Propiciando compromisos y relaciones que puedan incidir en las funciones propias de la Judicatura en detrimento de la independencia y especialidad funcional de la propia Judicatura”.

Además, proponen la inclusión de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral dentro de la administración y Gobierno, que de manera general ejerce el Consejo de la Judicatura Federal.

En cuanto a la estructura del Consejo de la Judicatura Federal, proponen la creación de tres secciones especializadas: Gobierno y la administración del Poder Judicial, el desarrollo de la carrera judicial y la función disciplinaria.

La sección administrativa estará cargo de las funciones de administración y Gobierno, consistentes en la creación y supresión de órganos jurisdiccionales, la determinación de su competencia, la definición y contratación del personal administrativo, el ejercicio del presupuesto, y en general todas las funciones administrativas que tiene encomendado el Consejo.

La sección de carrera judicial se encargaría de desarrollar los concursos de oposición de las distintas categorías que integran la carrera judicial, la formación y selección de los funcionarios judiciales, la celebración de convenios con instituciones académicas para promover el ingreso a la carrera judicial, revisar los proyectos relativos a la ratificación de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, entre otras funciones.

Por su parte, la sección de procedimiento disciplinario estará conformada por juzgadores de carrera, ya que esta sección tendría como función primordial conocer de las conductas de los servidores públicos y funcionarios de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Los integrantes de las tres secciones conformarían un Pleno encargado únicamente de resolver cuestiones de alcance general para todo el Poder Judicial de la Federación.

Sobre el combate al nepotismo, la propuesta establece que se proponen reformas para ampliar las facultades de investigación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, por iniciativa propia y sin necesidad de previa solicitud de la Suprema Corte de Justicia, en relación con actos que impliquen o hagan presumir actos de corrupción de algún miembro del Poder Judicial Federal.

“Advertimos la existencia de diversos tipos de abusos y distorsiones al ejercicio de esta facultad autónoma, como el favoritismo hacia determinadas personas, el abuso del principio jerárquico, intercambio de nombramientos y recientemente el fenómeno del nepotismo, que se comienza a sentir como la principal forma de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación”.

Los senadores de Morena expresan que las tendencias nepóticas que se desarrollan en el Poder Judicial de la Federación provocan que con mucha frecuencia sean funcionarios y empleados de los órganos jurisdiccionales federales, personas descalificadas, ineptas y hasta corruptas, que arriban a dichos puestos por designaciones subjetivas y aberrantes que desde luego han propiciado una pésima impartición de la justicia.

Por ello, proponen que el Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de los magistrados y jueces federales, nombre y remueva a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Así, el Consejo de la Judicatura Federal analizaría la viabilidad de la propuesta y podría, con mejores elementos de juicio, determinar si la persona propuesta es apta para desempeñar el empleo o la función dentro del Poder Judicial Federal, de acuerdo a los propios criterios establecidos en ley.

Adicionalmente, la iniciativa propone otorgar al Poder Judicial Federal por medio del Consejo de la Judicatura Federal la facultad para presentar iniciativas de ley, en relación a la Ley de Amparo y a su Ley Orgánica.

En cuanto al Presupuesto del Poder Judicial de la Federación, señalan que es necesario que se fije un porcentaje del Presupuesto de Egresos de la Federación en beneficio y uso exclusivo de la función judicial a juicio de la Cámara de Diputados.

Además pretende ajustar la magnitud de las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial, respecto de las que percibe el Presidente de la República, que es el “servidor público” que tiene la mayor responsabilidad en el ejercicio de encargo, y desde luego, que sean correlativas y proporcionales con las del Presidente de la República y con las de todos los demás trabajadores del Estado.

“No parece que la razón que motiva la no disminución de las remuneraciones pueda prevalecer sobre su ajuste en el Poder Judicial, pues tal garantía solo se vería afectada, como se ha argumentado insistentemente, cuando la medida obedezca o constituya un medio de presión o influencia para que la tarea sustantiva de la administración de justicia se altere”.

Y agregan que se debe incluir la figura del amicus curiae, para “abrir el debate de la temática en litigio, desde luego, únicamente en aquellos casos donde se encuentre comprometido el interés público o exista una trascendencia social que supere las particularidades del caso concreto que se pretenda resolver”.

Dijo que en estos supuestos, las organizaciones, asociaciones, instituciones y grupos que se especializan en temas de interés público y nacional, harían llegar a los tribunales del Poder Judicial de la Federación el pensamiento y las opiniones de las personas que no forman parte del conflicto, de esta manera el órgano jurisdiccional contará con mayores elementos y podrá ponderar mejor el sentido de su resolución.

De esta manera proponen introducir la figura del amicus curiae en nuestros mecanismos constitucionales procesales, en el juicio amparo, en las controversias constitucionales, y las acciones de constitucionalidad.

Para ello, se propone que, podrán intervenir en calidad de amicus curiae o amigo del tribunal, tanto personas físicas como morales que no sean parte en el conflicto. Sin embargo, deberán demostrar sin ninguna duda tener reconocida experiencia sobre la cuestión debatida. La intervención del amicus curiae podrá darse en cualquier proceso donde se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o de interés general, pues la finalidad del amicus curiae será expresar una opinión fundada sobre el litigio, misma que no será vinculante para el órgano.

Publicidad