Quedarse en casa no es una opción para muchos trabajadores cuyo ingreso es diario, como las trabajadoras domésticas, que reciben su paga hasta que terminan sus labores; como los comerciantes ambulantes, que comen con lo que venden al día, o como los taxistas, que ingresan lo que el número de viajes que hagan les permita.

En México, el riesgo de parar y no salir a trabajar alcanza a poco más de la mitad de los trabajadores. Al cuarto trimestre del 2019, el 56.2% de la población ocupada se encontró laborando dentro del sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Esta situación implica que 56 de cada 100 trabajadores es vulnerable en términos de protección laboral, acceso a instituciones de salud, seguridad social o ingresos inconstantes.

Se registraron alrededor de 31 millones de trabajadores sin acceso a prestaciones sociales. De los cuales el 78% se ocupa en el sector servicios, en el comercio o en actividades agropecuarias. Ante la emergencia sanitaria, el paro de actividades implicaría una profundización de los efectos de la desprotección para este sector de la población:

» 1. No tienen acceso a las instituciones de salud pública de contribución social, el IMSS y el ISSSTE, lo que supondría que de necesitar servicios médicos tendrían que buscar espacio en las unidades de la Secretaría de Salud o pagar por los servicios privados.

» 2. No están registrados ante las autoridades como trabajadores remunerados por lo que no tienen acceso de licencias de enfermedad o periodos vacacionales con goce de sueldo o salario y tampoco tienen contratos formales que garanticen sus ingresos en tiempo y forma.

En estos 31 millones de trabajadores no sólo se encuentran los comerciantes, por ejemplo, de la central de abastos, de mercados o de pequeños negocios. También se encuentran los jardineros o choferes privados, las trabajadoras domésticas de hogares particulares e incluso empleados de empresas o negocios registrados formalmente pero que realizan prácticas de evasión de su responsabilidad patronal.

La vulnerabilidad de este sector de la población ocupada se profundiza cuando se evalúan sus ingresos promedio, en qué los gastan y la composición social de sus hogares. El rubro de los trabajadores más vulnerables por su condición de informales empata con el de los ingresos más bajos, el mayor gasto en genéricos de la canasta básica y los niveles más bajos de instrucción.

Como parte de la población en riesgo por su condición de informal o por las condiciones específicas de las tareas que realiza o de la unidad en la que se ocupa se contabilizan los más vulnerables: los trabajadores no remunerados y los independientes (“por cuenta propia”). En el país se suma poco más de 15 millones de mujeres y hombres que se encuentran en los escalones del mercado laboral más expuestos no sólo al contagio de la nueva cepa del Covid-19, también a no poder hacer frente a sus efectos económicos.

Estos poco más de 15 millones de personas, en su mayoría, perciben los ingresos más bajos. Hasta el cierre del 2019, el 73% de estos trabajadores ingresó como máximo dos salarios mínimos al día, el equivalente a 6,161 pesos mensuales. Esta situación evidencia que, además de encontrarse en una situación de desventaja tanto en el aspecto laboral como de salud, también son significativamente más vulnerables que el resto en términos de su nivel de ingresos.

Vivir “al día”

Lo que conocemos como vivir al día para muchos mexicanos es algo literal. Poco más de la mitad (51%) de los ingresos de la población que compone el decil I, los más pobres del país, se destina exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas. El restante se queda a repartir en vivienda, servicios, educación o salud, de acuerdo con cifras del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval.

Esta cifra contrasta si se compara con la composición del gasto del decil X, los mexicanos con mayores ingresos. En este rubro de la población sólo el 25% de sus ingresos se destinan a la alimentación.

De acuerdo con el informe presentado por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), los grupos que encabezan los mayores niveles de vulnerabilidad por carencias y bajos ingresos son: las mujeres, la población indígena, los jóvenes y los adultos mayores.

Ante el panorama de una crisis sanitaria ellos son los más expuestos, porque parar sus actividades significaría cortar sus ingresos, porque si no paran son más vulnerables a contraer el virus, porque si contraen el virus sus ingresos no les permitirían pagar por atención médica y porque el sector público está saturado.

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