El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) está extinto, pues luego de que por ley la Secretaría de Gobernación (Segob) dejara de actualizar la base de datos para que la Comisión Nacional de Búsqueda tomara estas funciones, ésta no lo ha hecho desde abril de 2018.

Incluso, en la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en donde se publican los casos del fuero federal y común, menciona que la última actualización fue el 30 de abril del año pasado.

Esto, de acuerdo con organizaciones como Data Cívica y Amnistía Internacional, es preocupante porque no sólo se desconoce la información sobre cuántas personas han desaparecido en los últimos meses, sino que la lucha contra este delito puede ir a ciegas, ya que no se tiene una buena base datos para atacar la problemática. Además, señalaron que la misma Comisión Nacional de Búsqueda, a la fecha, no ha presentado un plan de trabajo.

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“Antes el RNDPED estaba en manos de la Secretaría de Gobernación, pero con la nueva ley que entró en vigor en enero del año pasado la dependencia dejó de actualizarlo porque ya no le compete, pues pasó a ser parte de las funciones de la Comisión. Este registro ya se extinguió, ya no existe, ya no se utiliza; es un vacío de la ley”, aseguró en entrevista Mónica Meltis, directora Ejecutiva de Data Cívica.

De acuerdo con la experta, para un buen proceso de recolección de datos el registro no tiene que eliminar a una persona de la base de datos aunque ya no esté desaparecida; que los nombres estén completos; que exista una conectividad con una base de datos de ADN; registro forense y que se vincule con otras datas para facilitar la búsqueda e identificación de personas.

Carlos Zazueta, investigador para México de la organización Amnistía Internacional, señaló que no tener actualizado el registro complica implementar medidas efectivas para atacar el problema. Además, recordó que el RNDPED enfrenta varias dificultades desde su creación, pues nunca se explicó cómo “depuraban” la información que enviaban las fiscalías a la Procuraduría General de la República (PGR).

“No sabemos cuántas personas están desaparecidas; autoridades dijeron que podrían ser más de 40 mil, pero necesitamos saber más datos; incluso, en el registro no clasifican si es desaparición forzada o no. Esperemos que la Comisión Nacional de Búsqueda nos proporcione más claridad, como que indiquen fecha, posibilidad de desaparición y ciertas características básicas de las personas.

“El que no haya un registro genera que no entendamos cómo se comporta este fenómeno, en qué zonas aumenta, perfiles, etc. Esto limita el entendimiento, por lo tanto las autoridades podrían diseñar políticas inadecuadas, pues muchas de las desapariciones empiezan en un estado y continúan en otros”, detalló.

Zazueta recomendó que la recolección de datos debe ser homologada, sin importar que sea de fuero común o federal, ya que debido a que no todos los estados informaban con los mismos criterios en muchos casos el Registro Nacional tenía fuertes omisiones o errores.

El defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, subrayó que las omisiones vienen de la administración anterior; sin embargo, sostuvo que el nuevo gobierno tiene que retomar el trabajo, pues es un “vacío importante”.

“Estos actos inhabilitan las acciones del gobierno para actuar con datos reales. Hay que dar alarma para que se revise esta desactualización de información, creo que tenemos que hacerlo porque afecta la percepción de acción y actuación del nuevo gobierno; es necesario decirles que lo hagan”, apuntó el también sacerdote.

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