La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Carta Magna, en materia de revocación de mandato y consulta popular.
Lo anterior, luego de que 17 Legislaturas Estatales avalaran el ordenamiento, que fue rechazado en el caso del Congreso de Guanajuato.
La Mesa Directiva de San Lázaro, llevó a cabo a declaratoria respectiva y anunció que pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Las Legislaturas que votaron a favor, fueron las de Chiapas, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, la del Estado de México, Morelos, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.
Al emitir posicionamientos, legisladores de oposición, en particular del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), plantearon algunas alertas.
Los panistas señalaron, a través del diputado Raúl Gracia, que la revocación podría ser utilizada por el Ejecutivo Federal como instrumento para perpetuarse en el poder, lo cual se suma a los “intentos” de tomar el control de poderes y organismos autónomos como la Suprema Corte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
La vicepresidenta de San Lázaro y diputada del PRI, Dulce Sauri, también advirtió que con el recorte al presupuesto del INE, ese organismo podría verse limitado al momento de organizar la consulta sobre revocación.
La bancada del Sol Azteca indicó que dichos mecanismos son propios de la democracia, pero habrá que mantenerse alerta ante la posible realización de “falsas consultas”.
Congresistas del resto de las bancadas, destacaron que con dichas herramientas de participación popular, los ciudadanos tendrán oportunidad de ejercer control sobre sus autoridades y representantes populares, e incluso podrán “quitar a malos gobernantes”.
