El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, alertó que el delito de la extorsión “ha crecido de manera importante”, al advertir que tan sólo tan sólo en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas.

En el foro virtual sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, organizado por la Cámara de Diputados, informó a legisladores, funcionarios, concesionarios y a la sociedad civil que, de acuerdo con el INEGI, es el delito más frecuente en 14 entidades y “el Centro del país tiene una cifra alta”.

Te puede interesar: Presenta CNB manual para búsqueda de desaparecidos en México 

Detalló que “de los 33 millones de delitos que se comenten en México anualmente, el segundo es el de extorsión, más de seis millones de extorsiones se cometieron el año pasado”.

Indicó también que “hay un incremento importante en el costo social de extorsión; en 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito”.

Informó que desde 2019 se trabaja en una base de datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos realicen una denuncia a la línea 089 y al 911 para reportar una extorsión; en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas.

Por su parte, Ignacio Hernández, titular de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que “hay instrumentos que usa la delincuencia para secuestrar y extorsionar, entre ellos los teléfonos celulares y los chips de telefonía de prepago, que son de costo accesible y sin registro del adquiriente”.

Para enfrentar este fenómeno -dijo- hay una propuesta enfocada a que el sujeto obligado no sea el usuario, sino el concesionario, como se hace en la telefonía de pago mensual o renta, para que ellos recaben los datos y el Ifetel tenga control de esta información.

“Es preocupante que en un secuestro o extorsión se usen cinco o seis números telefónicos y no se tenga el registro de quién es el que controla ese chip de telefonía”, advirtió.

Por parte de los concesionarios, Miguel Calderón, vicepresidente nacional de vinculación de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, comentó que “aún con registro de identidad confiable, los criminales podrían hacerse de un teléfono robado para realizar sus delitos”.

Resaltó que “no hay forma de garantizar que las personas que contraten un servicio mantengan los mismos datos en un periodo posterior y los menores no tendrían acceso a los servicios; solicitó analizar otros medios de solución”.

Fernando López, director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, indicó que habría que revisar si realmente la comisión de estos delitos está vinculada con el registro al teléfono móvil.

Consideró que “la sociedad lo agradecerá en la medida que se aseguren sus derechos y que se emprendan las medidas adecuadas para combatir la delincuencia”.

Lucas Gallitto, director de política pública de la Asociación Global de Sistemas Móviles de Comunicación, comentó que si bien no hay duda de que los delincuentes y terroristas utilizan tarjetas sin prepago para mantenerse anónimos, no hay evidencia empírica que demuestre que el registro de usuarios conduce a una reducción en la actividad delictiva.

Consideró que el registro puede tener aspectos negativos como generar una restricción de accesibilidad para los consumidores.

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, expuso que el registro no ha funcionado ni lo hará, pues el tener uno de tipo biométrico y con huella tendría un costo de más de 21 mil millones de pesos. Además, dijo, durante los últimos cinco años se ha emprendido una coordinación de las autoridades para impedir llamadas desde los penales.

El vicepresidente de asuntos externos de AT&T México, Daniel Ríos Villa, argumentó que varios países de América Latina han decidido utilizar este registro, pero “no han encontrado evidencia clara ni contundente de que impacten en la reducción de delitos como la extorsión. La legislación debe proteger datos personales y es necesario analizar su diseño porque son más de cien millones de líneas y se necesita estudiar si es el mecanismo idóneo”.

Daniel Bernal, director de regulación de América Móvil, señaló que cualquier mecanismo que limite el acceso a los servicios de telecomunicaciones atentará contra el acceso de los ciudadanos a los servicios de comunicaciones que hoy en día son el principal medio de acceso a la educación, salud y trabajo.

“Un registro de esta naturaleza no es una herramienta idónea para la lucha contra la delincuencia”, advirtió.

Publicidad