Abel Barajas/Agencia Reforma

Uno de los ex funcionarios procesados por el caso de la Estafa Maestra declaró a la Fiscalía General de la República que durante año y medio pidió a Rosario Robles su intervención para aclarar la falsificación de un convenio con el que se desviaron 185 millones de pesos, sin conseguirlo.

Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, rindió una nueva declaración ante la FGR para buscar un criterio de oportunidad que le podría traer el retiro de la acción penal.

Esta declaración eventualmente será considerada para el juicio de Robles, quien también ha solicitado a la FGR el mismo beneficio que Saldaña, para colaborar con las investigaciones federales.

Según su testimonio, el 5 de junio de 2017 Saldaña le informó a la entonces titular de la Sedatu que su firma había sido falsificada en un convenio mediante el que se transfirieron 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), de Hidalgo.

Desde entonces y hasta el 5 de noviembre de 2018, asegura que le insistió para que interviniera, pues tanto la Oficialía Mayor como el Órgano Interno de Control (OIC) no reportaban avances en sus pesquisas, no obstante que él presentó y amplió una denuncia.

” Ok, yo lo veo entonces con Emilio Zebadúa (el Oficial Mayor)”, le respondió Robles, unos días antes de que concluyera el sexenio, sin que se aclarara a nivel administrativo quiénes eran los responsables de la falsificación de documentos.

Saldaña está procesado por uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de este convenio; sin embargo, un dictamen pericial de la propia Fiscalía concluye que la firma plasmada en ese documento no es de su autoría.

En su nuevo testimonio, el ex funcionario relata que el 2 junio de 2017 se enteró de la existencia del citado convenio apócrifo, suscrito para que la UPFIM automatizara el registro, control y seguimiento de la información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, por 185 millones 839 mil 480 pesos.

Tuvo conocimiento porque, en una respuesta a una solicitud de información, formulada mediante la Ley Federal de Transparencia, Francisco Javier Báez Álvarez, director de Programación y Presupuestación, manifestó que el área de Saldaña había firmado el citado convenio general.

Saldaña dice que lo primero que hizo fue llamarle a Alexis Ballinas, secretario particular de Enrique González Tiburcio, entonces subsecretario de la Sedatu y su superior jerárquico, para pedirle que lo recibiera en su oficina.

Al ser recibido, le informó a González Tiburcio que también su firma estaba en ese convenio, lo que causó sorpresa y enojo porque su nombre había sido utilizado sin autorización. Saldaña le pidió al subsecretario que le llamara a Robles para que los recibiera y así lo hizo.

El lunes siguiente ambos entraron a la oficina de Robles y cuando le plantearon la situación ella pidió ver el documento falsificado.

“Esta no es tu firma, yo la conozco perfectamente y esta no es tu firma”, le dijo la Secretaria a Saldaña y luego a González Tiburcio.

Desde ese momento, Saldaña le informó a Robles que presentaría una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu y ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).

En aquella reunión, la Secretaria se mostró molesta y preocupada, preguntó a González Tiburcio si él tenía conocimiento del convenio y si había hablado con Emilio Zebadúa. En ambos casos la respuesta fue: No.

Según el testimonio de Saldaña, en ese momento Robles marcó a la extensión de Zebadúa para que subiera urgentemente a su oficina.

Continúa Saldaña: “Yo le pedí que se investigara al interior de la Secretaría y que por medio del OIC se procediera a realizar una verdadera búsqueda de los culpables de haber autorizado la creación de estos convenios”.

Robles tomó el teléfono para requerir también en su oficina a Miguel Ángel Vega, titular del OIC.

Cuando llegó Zebadúa, Rosario le cuestionó si sabía de esos convenios y él contestó “que no tenía conocimiento pero que de inmediato se pondría a investigar”.

La Secretaria le indicó que le encargaba mucho que investigara quién había realizado este convenio y que comprobara quién de su equipo había validado y autorizado el pago. “Fue muy puntual en pedirle que se encontrara a los responsables”, recuerda Saldaña.

Zebadúa salió de la oficina y entró el director del OIC. Rosario le dijo al contralor que Saldaña y González Tiburcio presentarían denuncia por estos hechos, que tenía que investigar a fondo. Vega contestó que se daría a esa tarea.

El 8 de junio de 2017 Saldaña denunció en el OIC y el 12 de junio siguiente en la PGR.

Pero de acuerdo con el ex funcionario, nada sucedió con su denuncia en el OIC ni con el esclarecimiento que Robles pidió a Zebadúa.

El 27 de noviembre de 2017, en una gira de evaluación de los trabajos de reconstrucción en Chiapas, con motivo del sismo dos meses atrás, le volvió a comentar a la Secretaria del caso y le hizo saber que el OIC no tenía avances, pese a haber ampliado su denuncia el 4 de septiembre anterior con nuevas informaciones que encontró en la investigación administrativa.

Robles le dijo que haría seguimiento y que lo llamaría para una reunión sobre el asunto, pero nada ocurrió. En febrero de 2018, afirma, le recordó nuevamente y ella respondió “que estaba muy ocupada con otros temas, que luego veríamos”.

El lunes 16 de abril de 2018, al término de una reunión en la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), también por los trabajos de los sismos, nuevamente le insistió a Robles que debían darle seguimiento al caso.

En esa ocasión ella respondió que ya lo había hablado con Zebadúa y que se continuaba investigando, “sin embargo, estas investigaciones a mi entender sólo estuvieron retenidas y en realidad poco o nada se avanzaba por parte de la Oficialía Mayor y por parte del OIC”.

El lunes 5 de noviembre de 2018, después de una reunión con el Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, y unos senadores, Rosario le preguntó sobre dos oficios de la Auditoría Superior de la Federación. Eran notificaciones de no solventación de observaciones.

Saldaña le explicó que estaban relacionados con el convenio apócrifo y con otro celebrado con la Universidad de Comalcalco, en los que también se falsificaron firmas. Fue allí cuando Rosario le dijo que vería entonces el tema con Zebadúa.

Actualmente, Saldaña está procesado por uso indebido de atribuciones y facultades derivado de ese convenio; sin embargo, un dictamen pericial de la propia FGR concluye que la firma plasmada en ese documento no es de su autoría.

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