La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada tiene registro histórico de 262 víctimas de ese ilícito, cuya investigación se encuentra en proceso. Hasta el 8 de octubre pasado, esa unidad de la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado ninguna sentencia judicial contra los perpetradores de esas desapariciones de personas.

De acuerdo con el oficio FGR/UTAG/DG/003662/2020 emitido por la Fiscalía vía transparencia, el área especializada tiene registros de 262 víctimas y 190 carpetas y averiguaciones por el delito de desaparición forzada de personas respecto de las indagatorias que se encuentran en trámite.

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Asimismo, dijo contar con registro de 1,230 víctimas, y 58 carpetas y averiguaciones por el delito de secuestro sin que se haya generado alguna sentencia.

Es oportuno mencionar que la diferencia entre el secuestro y la desaparición forzada es que, en esta última, se sospecha la participación de funcionarios públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal o federal) en el hecho.

En el mismo oficio, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR dio a conocer que mantiene abiertas carpetas de investigación por desaparición forzada de seis personas extranjeras y 167 víctimas de secuestro. Detalló que de este último número, ha resuelto 31 casos de personas extranjeras.

El pasado 5 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el DOF el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que obliga a las autoridades a la búsqueda inmediata de personas. Los familiares contarán con una cartilla que les garantizará recibir información oportuna de los avances en la búsqueda e investigación, e incluso recibir protección y participar en las diligencias con peritos nacionales o extranjeros.

Se advierte que una simulación de una localización por parte de las autoridades será perseguida por la vía administrativa o penal, según corresponda.

Los familiares tendrán derecho a recibir un Folio Único de Búsqueda en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tras reportar o denunciar la imposibilidad de localizarlo.

Podrán solicitar que no se haga pública la información de su familiar desaparecido; recibir asistencia para víctimas en caso de haber presentado denuncia o queja por violación a derechos humanos; recibir información de forma oportuna de los avances de la investigación, así como tener acceso a copias gratuitas de los expedientes abiertos.

Robo de armas, Autoridades mexicanas, Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, México, 

Extravían o roban a autoridades, de los tres niveles, 16,685 armas

Del 2006 al año pasado, 16,685 armas se han perdido o fueron robadas a autoridades de los tres niveles de gobierno de México, dio a conocer la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

Durante el foro virtual “Comercio mortal: cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México”, Daniel Mata, investigador de esta organización, presentó parte de un informe, que será publicado el 9 de diciembre, sobre el papel de las armas en la seguridad de nuestro país.

En su intervención, Mata señaló que tras realizar diversas solicitudes de transparencia a 21 de las 32 fiscalías, se documentó que el almacenaje y gestión de armas se hace con poca transparencia.

Aunque de las más de 16,000 armas extraviadas o perdidas no se especificó el número preciso que correspondió a nivel federal y local, sí se indicaron las instituciones que encabezan los faltantes.

A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la extinta Policía Federal fueron las instituciones que más armas perdieron o les fueron robadas entre 2006 y 2019.

Mientras que, a nivel local, instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como las secretarías de seguridad de los estados de Guerrero, Chihuahua y Veracruz, encabezaron la lista.

Según el avance del informe, la mayoría de las armas se dejaron olvidadas en espacios públicos o fueron robadas a policías fuera de servicio, “sin saber realmente dónde terminaron debido a la dificultad de encontrar la información y la falta de transparencia, pues a veces las autoridades afirman no tener registro sobre el tema de pérdida y recuperación de armas de fuego”, expresó el investigador de la ONG.

Aunado a lo anterior, también se advirtió que en México existe evidencia del mal uso de la fuerza con armas de fuego que se encuentran en manos de autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno.

Ya que, del 2006 al 2019, se iniciaron 104 investigaciones por homicidio doloso cometido por servidores públicos e, incluso, la FGR ha reportado que al menos 88 servidores se encuentran bajo proceso por dicho delito, además de que se han consignado a otros 27.

A nivel local, en el mismo periodo, se iniciaron 709 investigaciones por homicidio doloso en donde se sospecha que los autores intelectuales son servidores públicos.

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