Después de que trascendiera que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estaba involucrada en una red internacional de lavado de dinero, la institución salió al quite al aseverar que mantiene sus finanzas sanas y permanentemente revisadas por las Auditorias Superiores de la Federación y del estado.

Mediante un comunicado, acusó que sobre las notas periodísticas que los acusan directamente por presunto lavado de dinero, la Universidad no ha recibido notificación alguna por parte de la autoridad correspondiente, por lo que ve una violación a las reservas legales y al debido proceso “al señalar a nuestra Universidad sin que exista notificación previa de procedimiento y sin respetar las obligaciones que impone la legislación”.

Al asegurar que emprenderán “acciones legales”, la institución manifestó su preocupación por la violación a las garantías constitucionales y los principios de inocencia y de legalidad, así como a las disposiciones legales correspondientes. “Se trata de una muy grave vulneración del Estado de Derecho”, aseveró.

Aunque la Universidad se dijo abierta para colaborar con las autoridades para el esclarecimiento del caso, aseguró que “ante una abierta ruptura de principios, normas y procesos constitucionales y legales, en defensa de la dignidad y la autonomía de nuestra institución, hemos decidido emprender acciones legales”.

El documento que se difundió este lunes está firmado por el director de la institución, Adolfo Pontigo Loyola.

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