Un juez federal vinculó a proceso al ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en los delitos de simulación de pruebas y falsificación de documentos, ilícitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podrá enfrentar su proceso en libertad.

El ex funcionario fue señalado por la Fiscalía General de la República de formar parte de una presunta red conformada por servidores públicos federales, locales y empresarios, para dañar a una de las familias más ricas del país.

Después de más de 36 horas de audiencia, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur de la Ciudad de México, rechazó vincular a proceso al ex funcionario por siete delitos más que le imputó la Fiscalía General de la República, uno de ellos que sí ameritaba prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué se concedió la orden de captura?

La orden de captura contra el ex fiscal se concedió por los presuntos delitos de falsificación de documento agravado, contra la administración de justicia, simulación de pruebas, contra la salud en la modalidad de posesión simple respecto de clorhidrato de cocaína, delta-9 tetrahidrocanabinol, metanfetamina, cannabis sativa L. y MDMA, asociación delictuosa y tortura.

El juez consideró que sólo se acreditan los delitos de falsificación de documentos y simulación de pruebas.

Cómo medida cautelar el juez le impuso al ex fiscal acudir a firmar el libro de procesados cada ocho días y no acercarse a las instalaciones federales donde laboró.

En octubre pasado, la Fiscalía de Asuntos Internos, antes Visitaduría General, pidió la captura de 12 personas, entre ellos el empresario Juan Pablo González Cimadevilla, una de los hombres más acaudalados de México, quien se presume orquestó un plan para dañar a su ex esposa y a toda la familia de ella.

Por este caso, cuatro agentes de Interpol-México fueron detenidos y vinculados a proceso por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Delgadillo Padierna también ordenó aprehender a Javier Coello Zuarth, pero el juez Alejandro Villar determinó que no hay elementos, ni siquiera indicios para procesarlo.

Según la pesquisa de la FGR, servidores públicos de su institución se “confabularon” con autoridades del estado de Jalisco, Cimadevilla y reconocidos abogados para dañar a la familia de su ex esposa, a la que acusaron de tener nexos con el narcotráfico y, por ende, solicitaron órdenes de aprehensión.

Los fiscales de Asuntos Internos aseveraron ante el juez de Control Felipe de Jesús que agentes de Interpol-México, en coordinación con autoridades de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Seido, “fabricaron” y “sembraron” pruebas, de manera dolosa y “maquiavélica”, “manipulando” información entregada por las agencias ICE y ATF de Estados Unidos para combatir a una organización dedicada al tráfico de armas.

Los fiscales explicaron que para lograr el objetivo, los servidores públicos federales “engañaron” al Poder Judicial de la Federación para obtener órdenes e intervenir las comunicaciones de la familia afectada, además de realizar tres cateos en igual número de domicilios de Zapopan, donde “sembraron droga”, amedrentaron a una mujer, a sus hermanos y torturaron a su hijo menor de 17 años colocándole una pistola en la cabeza. Dichas acciones se realizaron en abril y mayo de 2019.

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