Este viernes los diputados aprobaron, en lo general y particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 en 8 billones 279 mil 667 millones de pesos, es decir un aumento de 3 billones 043 mil 291 millones 400 mil pesos del proyecto que contemplaba un presupuesto de 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil pesos.

Luego de una larga discusión de 346 “reservas”, o propuestas de modificación que fueron desechadas, se aprobó en lo general con 413 votos a favor y sólo 49 en contra (Morena).

En lo particular quedó avalado con una apretada votación de apenas 253 votos a favor (PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES), y 205 en contra (PAN, PRD, Morena y MC).

Además se le inyecta 18 mil millones de pesos el Fondo de Desastres Naturales por los daños provocados por los sismos de septiembre y crea el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas con 2 mil 500 millones de pesos.

En los ramos autónomos el gasto neto total será de menos 7 mil 100 millones de pesos del Proyecto Original.

El Consejo de la Judicatura Federal tiene un recorte de 6 mil 500 millones de pesos respecto al proyecto del Ejecutivo Federal y un recorte al Instituto Nacional Electoral de 800 millones de pesos.

En tanto, aumenta el presupuesto de la Cámara de Diputados a 200 millones de pesos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tendrá un aumento de 200 millones de pesos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa un incremento de 50 millones de pesos.

En los ramos administrativos el gasto neto total es de 1 billón 23 mil 78 millones 865 mil 789 pesos es decir un aumento del proyecto original de 25 mil 826 millones 944 mil 250 pesos.

Destaca que la Secretaría de Educación Pública es la dependencia federal que recibiría más recursos, casi más de 150 mil millones de pesos más que la segunda dependencia en recibir más recursos, la de Salud.

Los que no tuvieron modificaciones, es decir aumentos fueron las Secretarías de Desarrollo Social, Defensa Nacional, Marina y Función Pública. Así como la Procuraduría General de la República, la Oficina de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

 

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